Puesto de vigilancia fronteriza en la margen del río San Juan, limítrofe con Nicaragua. (Foto: Presidencia, Archivo)

En el informe de situación del COVID-19 de este lunes, el ministro de Salud, David Salas, señaló que los nueve transportistas a los que se les realizó la prueba y no se les autorizó el ingreso al país, fue por haber dado CODIV-19 positivo. Apuntó que al cien por ciento de los transportistas se les hace la prueba y si dan positivo no se les permite entrar como es el caso de los transportistas rechazados.

El transporte de alimentos y productos es una de las actividades con excepción especial para evitar el desabastecimiento del mercado nacional.

Salas recordó que otras medidas de seguridad se están aplicando en las zonas limítrrofes donde se ha intensificado un operativo en los corredores fronterizos por tierra y mar, en los que participan decenas de agentes de la policía de migración, Fuerza Pública y de la policía judicial (OIJ) apoyados con tecnologías para el rastreo en áreas de difícil acceso utilizando drones, helicópteros y lanchas de patrullaje acuático. 

El ministro recordó que el cierre y el resguardo de las fronteras nacionales es una prioridad en la estrategia de atención de la pandemia desde el primer minuto de las acciones del gobierno.

En otro orden de cosas, Salas destacó que el gobierno ha estado trabajando con los empresarios de la zona para evitar el ingreso irregular de trabajadores desde países limítrofes para realizar labores agrícolas, con la advertencia de que se pueda aplicar sanciones por incumplir las restricciones sanitarias.

Ante las denuncias de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos sobre la grave situación sanitaria por el coronavirus en Nicaragua, Salas informó que Costa Rica colabora con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contener la filtración de personas de manera irregular al país.

Costa Rica ha reforzado los sistemas de captación de casos en todo el país, por diferentes técnicas y dinámicas, incluso para acortar los tiempos de espera de resultados, a través de 14 puestos centinelas, cuatro hospitales y abordaje directo de casos sospechosos, con el objetivo de detectar cualquier caso que se hubiera filtrado al país.

Cerca de 15.000 personas han sido localizadas intentando ingresar irregularmente al país y han sido rechazadas, durante los dos meses transcurridos desde el cierre de fronteras, el 19 de marzo anterior.