De hecho, entre la sospecha y la ejecución de la pena capital no media proceso judicial alguno. Se dice que los mayas ixiles o kakchiqueles no tienen muy arraigados conceptos como el principio de inocencia o el derecho de defensa de los acusados, los cuales en el marco de su sistema de administración de justicia -tumultuosa, callejera y expedita- resultarían una injustificable pérdida de tiempo.

Para el culto público costarricense, tan imbuido del estilo de vida republicana, el estado de derecho y el sistema de garantías judiciales, esta práctica puede resultar odiosa y propia de bárbaros. Aunque, para no percibir cuánto nos vamos acercando en Costa Rica a este modelo de justicia lacandona, habría que cerrar los ojos y taparse los oídos.

Por supuesto, los linchamientos en nuestro país tienen sus refinamientos: las turbas no se juntan en las plazas sino en las redes sociales y no son azuzadas por caciques de caite y cotón, sino por diputados y editorialistas de saco y corbata. Por otra parte, los ataques no desembocan en la muerte física de las personas (al menos por ahora) sino en la pérdida de empleos y patrimonios, el pisoteo de la honra, la destrucción de la familia y otros daños personales de elevada cuantía.

Claro, usted tiene derecho a dudar de lo que digo o a no importarle para nada. Después de todo, quien no ha sido víctima de una sesión lapidaria podría tender a creer más en el discurso de los lanzadores de piedras, que aseguran actuar en nombre de la decencia.

Pero tenga cuidado: el ser humano siempre se considera exento de las desgracias solo porque no le han sucedido, lo cual proviene de una cierta condición de ingenuidad primigenia que en un abrir y cerrar de ojos nos deja fritos.

Así, inalcanzable para los prosélitos de Lynch, se sentía el señor Iván Barrantes, respetable especialista en comunicación política y asesor a nivel de oreja derecha del presidente Luis Guillermo Solís. En una semana lo acusaron, lo despellejaron y lo arrojaron de la Casa Presidencial sin darle tiempo a cacarear o a enterarse de cuál había sido su delito.

Y para ser sincero con usted, yo tampoco lo sé y casi ni me imagino. Públicamente, un señor que me recuerda a Tomás de Torquemada (inquisidor de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, verdugo de judíos cuando los judíos eran las víctimas) dijo que es éticamente inaceptable prestar servicios a empresas privadas y al mismo tiempo ser asesor ad-honorem del presidente de la República. Se podría prestar para conflictos de intereses, profirió.

¿Y por qué?, me pregunté desde el primer momento. El comunicador de marras no era funcionario de la presidencia, sino que asesoraba ad-honorem. No le pagaba el BCIE por medio de un convenio oscuro con algún ministerio, por poner un ejemplo. El presidente aclaró que Barrantes nunca le sugirió siquiera la posibilidad de favorecer a empresa o persona alguna. Solo le daba consejos en asuntos de comunicación e imagen.

Estoy convencido además de que el presidente Solís tiene la entereza moral, la solidez de carácter y la inteligencia para no dejarse embarcar por nadie en un tráfico de influencias, por más hábil y sutilmente que se le pinte el negocio.

Pero igual juzgaron y condenaron a Barrantes. En ello participó la Asamblea Nacional del PAC, que según dicen fue unánime, lo cual me dejó perplejo.

Un remilgoso periodista radial exigía a gritos que el señor Barrantes le confesara a cuáles empresas daba su consejo profesional, a lo que Barrantes obviamente y con total derecho se negó por profesionalismo. No fuera a ser que sus clientes acabaran lapidados y empalados por las furiosas turbas de Torquemada.

¿Pero cuál fue el delito de Iván Barrantes?, retorno a preguntar. Tras leer y reeler el enjuiciamiento armado por la prensa, concluyo que nunca se concretó crimen alguno, ni siquiera en grado de tentativa. No, lo que existía era la sospecha de que podría –eventualmente- haber una posibilidad de que se diera un conflicto de intereses.

¿Recuerda usted la película “Minority Report”, de Steven Spielberg, en la que un equipo policial desarrolla un proyecto destinado a erradicar los asesinatos, deteniendo a los potenciales perpetradores antes de que los crímenes sean cometidos?

El proyecto consistía en anticipar la posibilidad del crimen mediante el estudio de las características psicológicas de las personas, de manera que al que presentaba cierto perfil le caían sin más y lo mandaban de vacaciones a la cárcel. Bueno, pues así andan un poco las cosas en este país.

Y no vaya a creer usted que Iván Barrantes es la primera víctima de la justicia lapidaria.

El diputado Víctor Hugo Morales, por ejemplo, fue condenado por un tribunal inquisidor político-mediático, a causa de un supuesto delito por el que nunca lo condenó un tribunal. De nada le sirvieron explicaciones, documentos probatorios o lo que fuera. Intentaron sacarlo de candidato durante la pasada campaña electoral, pero no pudieron por imposibilidad legal. Así que un tribunal de ética del PAC lo condenó aunque después tuvo que absolverlo porque no sabía ni de qué cosa era culpable. Sin embargo, un sector de diputados de la fracción legislativa aún lo condena y lo echa de sus sesiones.

Al magistrado Oscar González lo condenó la Corte Plena sin mediar un juicio; los diputados lo destituyeron también sin juicio; la prensa y las turbas lo lapidaron en las redes sociales. No sé si ese señor es inocente o culpable, pero precisamente por esa circunstancia me repugna lo que ha ocurrido y me espanta pensar que miembros de los supremos poderes se estén sumando también a los linchamientos.

Podría seguir y mencionar en extenso el caso del señor Alex Solís, hermano del diputado Ottón Solís, quien fue acusado y condenado de la misma forma, tras lo cual la Asamblea Legislativa lo sacó a rastras de la Contraloría General de la República. Después fue absuelto y usted y yo –no los diputados que cometieron la atrocidad- pagamos una millonada de indemnización.

Aquí me quedo por ahora y le dejo con estos versos del poeta alemán Bertolt Brecht, que tal vez nos ayuden a reflexionar:

“Primero apresaron a los comunistas y no dije nada porque yo no era un comunista./ Luego se llevaron a los judíos y no dije nada porque yo no era un judío./ Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era obrero ni sindicalista./ Luego se llevaron a los católicos y no dije nada porque yo era protestante./ Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde”.