Los diputados sometieron a control político, los fondos de cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), denominados: “Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, evaluación, gestión y divulgación de la Presidencia para garantizar el mayor impacto posible de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía costarricense”.

En el detalle que brindó el ministro Alfaro, señaló que “la gestión de esta cooperación internacional se apega de forma estricta a las reglas y procedimientos del ordenamiento jurídico costarricense”.

Por lo tanto, “está sujeta a los controles que manda la Ley de Planificación Nacional, la Ley de Control Interno, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y las Normas Generales para la Organización y Procedimiento a Seguir en el Trámite de Cooperaciones Financieras de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia” aseveró.

El Ministro recordó a los diputados que toda la Cooperación, tanto en su fase de formulación como en su fase de ejecución, está sometida al sistema de controles de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República.

Alfaro, en exposición, comprobó que la Cooperación BCIE cumple con la legalidad procedimental, y que, bajo un estándar de total transparencia, se encuentra escrutable y auditable tanto por los órganos de control administrativo usuales (Auditoría Interna y Contraloría General de la República) como por los órganos de control político (como son la Asamblea Legislativa y la prensa), y los ciudadanos en el sitio web de Presidencia: http://presidencia.go.cr/cooperacion-bcieunops/

Agregó que la Contraloría General, en su informe DFOE-SOC-43-2008, detalló las deficiencias encontradas en los procedimientos y mecanismos de control interno aplicados en la Cooperación BCIE ejecutada entre los años 2006 y 2008.

“A partir de estos hallazgos, la Contraloría ordenó la implementación de una serie de soluciones jurídicas que fueron incorporadas en su totalidad a la Cooperación BCIE actual, puntualizó el Ministro.

Las siguientes fueron las medidas que ordenó incorporar la CGR

A. Se define y se establecen las unidades administrativas responsables para el desarrollo de los proyectos de cada uno de los componentes de la cooperación.

B. Se establecen las funciones de los responsables de cada componente o áreas de los proyectos.

C. Se definen claramente los requerimientos, los perfiles de consultores, los términos de referencia, los mecanismos de evaluación y los productos de cada una de las consultorías que se contratarán.

D. Se está recopilando y sistematizando la evidencia formal y escrita de cada uno de los procesos que el Ministerio de la Presidencia está llevando a cabo para cada uno de los aspectos citados.

E. Se estableció un sistema de información y control que coadyuva y coadyuvará a la evaluación de los resultados de los proyectos que se estarán realizando, todo esto en atención de los principios de transparencia y rendición de cuentas

Además, el Ministro explicó que la jurisprudencia administrativa tanto de la Contraloría como de la Procuraduría han dejado absolutamente claro cómo debe funcionar el sistema de control público cuando las donaciones que recibe el Estado son en dinero en efectivo, o en bienes y servicios, como es el caso específico de la Cooperación BCIE que está recibiendo actualmente la Administración Solís Rivera. Por lo que, si la donación es en dinero, debe ir directamente al presupuesto nacional, pero si es en bienes y servicios lo que entra a la propiedad del Estado son los activos donados.

El Ministro Alfaro concluyó su comparecencia, de tres horas, ratificando que los fondos de la Cooperación BCIE tienen un origen lícito y confiable, respetan en plenitud los procedimientos legales obligatorios y que todo el proceso está sometido a pleno control de la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y es transparente para los ciudadanos.