Doctora Rosa Bustillo Lemaire, abogada.

No obstante lo anterior, el Ministerio Público dirigido por el fiscal general, persiguió, acusó y pidió la condenatoria de la ex jueza Rosa Elena Gamboa por el delito de tráfico de influencias cuando de la misma acusación de la Fiscalía se deduce con claridad que nunca se produjo un resultado.

“Si usted es inteligente lea lo que dice el artículo (del Código Penal) y se explicará por qué razón no hemos procedido, ¿dónde está el resultado?”, insistió Chavarría en entrevista al diario La Nación el pasado 4 de agosto, al explicar las razones por las que el Ministerio Público no actuaba de oficio e investigaba a dichos funcionarios.

El director del OIJ, Walter Espinoza, había denunciado que Gerald Campos y Celso Gamboa presionaron a un funcionario del organismo para que nombrara a una persona allegada a un diputado o diputada. Sin embargo, dicho funcionario habría rechazado la solicitud y formulado la denuncia, según la versión de Espinoza.

Efectivamente, en Costa Rica el delito de tráfico de influencias requiere que se produzca el resultado deseado (por el que intenta traficar influencias) razón por la cual la sola solicitud -si ésta efectivamente se dio- no constituye delito alguno.

Así lo ha afirmado en diversas ocasiones la Sala III de Casación en sentencias en las que, a solicitud de la Fiscalía General, ha desestimado denuncias por tráfico de influencias.

En el voto 05-2011, la Sala de Casación Penal afirmó que “como acertadamente lo señala la representante del Ministerio Público la conducta penalizada es aquella que provoque un resultado concreto, así como que la misma sea capaz de influir a un funcionario”.

Pero el Ministerio Público acusó a la ex jueza Gamboa por supuestamente haber pedido a un juez llamado Roy Barboza que no dictara prisión preventiva en contra de una persona acusada de conducción temeraria. Lo más absurdo es que se sabía de antemano que no se dictaría prisión preventiva contra esa persona porque la fiscal del caso ya había pedido la aplicación de una medida alterna, en cumplimiento de una directriz emanada de la misma Fiscalía General hace varios años.

Más claro aún, quien impuso las medidas al conductor temerario fue otro juez con quien doña Rosa nunca conversó, porque el juez que se prestó para esta farsa no realizó la audiencia de imposición de medidas.

Por tanto, al igual que lo afirma el señor Chavarría en relación con el caso de Celso Gamboa (a quien claramente reconoce como un amigo cercano) no había delito que perseguir en el caso de la ex jueza Gamboa. Así lo hizo ver en el proceso el defensor de doña Rosa, una y otra vez, ante el Ministerio Público y los diferentes jueces y juezas que conocieron su causa, haciendo referencia a las resoluciones de la Sala Tercera, dictadas a favor de miembros de los supremos poderes.

El Ministerio Público no solo persiguió, acusó y pidió la condenatoria de la ex jueza Gamboa por un delito inexistente sino que obtuvo la condena, la cual fue dictada por el Tribunal Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Entonces, la pregunta que inevitablemente surge es si el fiscal general aplica un Código Penal para sus amigos y otro para quienes no gozan el privilegio de serlo.

En definitiva, las contradicciones del señor Chavarría  y del Ministerio Público son una confirmación más de la brutal persecución de que ha sido víctima la ex jueza Gamboa y de la cantidad impresionante de arbitrariedades que se han acumulado en su proceso.

El juez Roy Barboza quien dice haberse horrorizado ante la supuesta solicitud de  doña Rosa y que no hizo la audiencia, fue sentenciado por haber plagiado el libro de otra persona, el cual utilizó como tesis para graduarse como abogado (sentencia del Juzgado Civil y de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José de las 15:45 horas del 11 de mayo de 2012, confirmada por el Tribunal Segundo Civil de San José y la Sala Primera de Casación de la Corte Suprema de Justicia).

Y este juez que mintió a la Universidad para graduarse y a la Corte Suprema de Justicia para ser nombrado y a quien el Consejo Superior de la Corte, en la sesión 78-15 destituyó desde el 1 de setiembre de 2015 por falta de probidad y aptitud moral e idoneidad, fue el testigo en el que se basó en este caso el tribunal que condenó a la ex jueza Gamboa. Lo más grave es que, pese a lo anterior, ese juez fue restituido en el cargo y sigue ejerciendo la potestad de juzgar a los demás.