Foto con fines ilustrativos.

En compañía de varios de sus ministros, el anuncio lo hizo el presidente Carlos Alvarado, quien aseguró que el alivio de las asfixiantes deudas que enfrentan los asalariados, significará también un estímulo para la reactivación de la economía.

Alvarado indicó que son muchas las personas que reciben apenas ¢10.000 o ¢50.000 de salario o pensión, debido a sus altos niveles de endeudamiento. “En el Gobierno tenemos claro que este es un problema que afecta a miles de trabajadores públicos y privados. Por eso, trabajamos en acciones concretas que permitan mejorar las condiciones de quienes tienen un alto nivel de endeudamiento, fortalecer el bienestar de las familias costarricenses y reactivar la economía”, manifestó el gobernante.

Según datos de la SUGEF, los niveles de endeudamiento de las familias están en cifras históricas. De junio de 2011 a junio de 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se ha duplicado, pasando de unos ¢4.400.000 a 8.500.000.

De los 126.000 funcionarios públicos del gobierno central, más de la mitad (65.000) reciben ingresos netos inferiores a los ¢190.000 mensuales debido a las deudas que arrastran.

Estudios de la Universidad Nacional revelan que el consumo privado real de los hogares se ha venido desacelerando desde 2015.

Dichos estudios indican que los descensos en el Índice de Confianza del Consumidor están relacionados con el alto endedudamiento de los hogares, que reduce la capacidad de consumo actual.

 

Propuestas

Una de las iniciativas del gobierno consiste en un programa de “créditos de salvamento” que ofrecerán los bancos estatales para reestructurar las deudas de las personas, con una tasa de interés baja y a plazos largos, para que puedan tener un mayor disponible para hacer frente a sus obligaciones.

Quienes decidan acogerse a este beneficio, no serán sujetos de otro crédito de consumo en tanto no hayan amortizado al menos el 50% del saldo principal o haya transcurrido un 50% del plazo del crédito de salvamento. Esto evitará que dichas personas vuelvan a caer en una situación similar a la que tenían inicialmente.

Los acreedores de estos préstamos deberán autorizar a sus patronos para que reduzcan en forma automática la cuota de sus salarios, con el fin de que permanezcan al día con la operación. La entidad bancaria deberá estructurar la deuda de manera que los trabajadores puedan disponer al menos del salario mínimo para la satisfacción de sus necesidades.

Por otra parte, el crédito quedará registrado en el Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, para que las entidades financieras tengan información disponible sobre la capacidad de endeudamiento de las personas.

Adicionalmente, quienes se acojan a este crédito, de manera obligatoria deben adscribirse a un programa de educación financiera para fortalecer sus finanzas personales.

 

Cambios legislativos

La propuesta oficial requiere de cambios que requieren el aval legislativo, por lo que el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, presentará un proyecto de ley la próxima semana. Dicho proyecto incluirá disposiciones para que la CIC pueda recopilar información de todas las entidades financieras, tanto de las entidades supervisadas como de las que no están supervisadas.

Adicionalmente, el proyecto de Ley modifica una limitación existente actualmente que impide que los bancos estatales puedan ampliar sus opciones para captar recursos del exterior, con el fin de destinarlos a programas de crédito de salvamento a deudores altamente endeudados. 

La iniciativa contemplará además, como una medida de protección a las personas que solicitan créditos, que el Banco Central de Costa Rica será la entidad oficial de fijar la tasa máxima que regule el mercado financiero como el de compras a crédito a efectos de evitar las tasas excesivas en esos mercados.