De repente, pareciera que el enemigo público número uno son estos acuerdos laborales, a los que se señala inquisitoriamente como generadores de déficit fiscal y privilegios “desaforados” para los empleados públicos.

Usted pone la radio y alguien está expresando su indignación contra las convenciones colectivas; prende el televisor y un diputado libertario promete empeñar todo su poder de representación para abolir las convenciones colectivas; abre el periódico y un economista escribe sobre los efectos dramáticos de las convenciones colectivas para la economía.

En redes sociales, usted encontrará andanadas de insultos y comentarios insufribles contra los empleados públicos y sus dirigentes sindicales que “inventaron” las convenciones colectivas.

En fin, que el interés y la ignorancia se fueran a pasear un día…

Sé de muy buena fuente, aunque usted no lo crea, que las convenciones colectivas no son invención de don Albino Vargas, ni de ninguno de los dirigentes sindicales del sector público.

Existen desde hace muchos años en la inmensa mayoría de los países occidentales, y constituyen verdaderas instituciones de derecho en las democracias más avanzadas del mundo.

En Europa los convenios colectivos de trabajo están generalizados no solo en el sector público, sino también en el privado. En algunos países funcionan como acuerdos de validez nacional para todos los trabajadores de un mismo gremio; en otros –como en el nuestro- se negocian y suscriben entre los trabajadores y los patronos de cada empresa.

La negociación colectiva es, sin duda, un instrumento de gran importancia en la procuración de justicia social, porque frente al poder del patrono, el trabajador individual no tiene la fuerza suficiente para negociar mejoras en sus condiciones de trabajo, ni siquiera para hacer valer sus derechos mínimos, garantizados por la ley.

La convención colectiva regula las relaciones laborales en su sentido más amplio (salarios, jornadas, periodos de descanso, condiciones ambientales) entre muchas otras, así como los mecanismos de solución de conflictos.

En Costa Rica solo hay convenciones colectivas en el sector público, pues sabemos que en el sector privado la sindicalización está prohibida de hecho, aunque sea legal en el papel, y sin sindicatos difícilmente podría haber convenios colectivos de trabajo.

Posiblemente a esta diferencia se deba en parte la significativa brecha que existe entre los trabajadores del Estado y los de la empresa privada en casi todos los aspectos. Una brecha que algunos políticos y medios de comunicación aprovechan, con despliegue de cinismo, para alimentar la discordia entre ambos sectores laborales.

Las convenciones no solo son legítimas sino que son instrumentos necesarios de la democracia y es un deber del Estado garantizar a los trabajadores de todos los sectores el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

La trampa

De lo anterior no debería deducirse que todo esté bien en relación con las convenciones colectivas vigentes en el sector público. Ciertamente, hay abusos y desproporciones y eso es algo que hasta los propios dirigentes sindicales se ven obligados a reconocer en voz baja.

La política ha puesto la trampa. Y hablamos de la política en sentido amplio, la que desarrollan tanto los sindicatos como los partidos políticos.

Luego de firmarse las primeras convenciones colectivas en el sector público, algunas a finales de la década de 1960, pero la mayoría en las décadas de los años 70 y 80, se fue imponiendo una dinámica que a la postre se volvería insostenible. Dicha dinámica consiste en que cada vez que se renegocia una convención, generalmente al cabo de dos años de vigencia, se hace imperativo introducir nuevas mejoras en las condiciones de trabajo.

Con ello, los dirigentes sindicales exhiben triunfos que afirman su compromiso con los trabajadores que representan y garantizan su reelección, mientras que los políticos que dirigen las instituciones atraen votos para sus partidos y, eventualmente, para ellos mismos.

En algún momento, las reivindicaciones salariales empezaron a ponerse difíciles, ya sea por directrices del Poder Ejecutivo o porque generaban desequilibrios en los escalafones internos. En compensación, los jerarcas empezaron a ceder beneficios de otra naturaleza (permisos especiales, pagos por llegar temprano al trabajo, por trabajar en un segundo piso, etc.) sin detenerse a considerar su racionalidad y sus efectos presupuestarios.

Esa lógica se ha convertido en una bola de nieve, sobre todo en momentos en que existe una creciente preocupación por el déficit fiscal. Los sectores más favorecidos, tradicionalmente reacios a pagar impuestos, han encontrado el argumento ideal para seguir negándose: ¡que el gobierno elimine las convenciones colectivas, recorte el gasto y después hablamos!

Por supuesto, quienes manejan este discurso no mencionan las multimillonarias exenciones que han disfrutado durante décadas diversos sectores empresariales: exportadores, generadores turísticos, empresas de zona franca, para mencionar algunos. Ni se refieren a la masiva evasión fiscal que, según estudios del ministerio de Hacienda, representan una suma igual o ligeramente superior a la que el Estado recauda. Es decir, que sin evasión no existiría déficit fiscal, con convenciones colectivas y todo.

En suma: es demagógico satanizar las convenciones colectivas y hacerlas culpables de todos los males del país. Las convenciones deben seguir existiendo, aunque sería deseable establecer ciertas normas que eviten la reiteración de abusos.

Sin embargo, Costa Rica es un estado de derecho. La racionalización de estos acuerdos laborales es un proceso que debe conducirse de forma ordenada, respetando derechos adquiridos y procurando mantener los beneficios justificables que inciden positivamente en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias.