La opinión consultiva de la Sala Constitucional acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Voto N°2021-017098), partió como un fulminante rayo la autonomía universitaria, consagrada en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política.

1.- La carta de los Rectores a la Asamblea Legislativa

Desde luego, razonablemente cualquiera habría esperado un acuerdo vehemente de los órganos universitarios, por mínimo, manifestando su inconformidad en contra de ese voto que vulnera la autonomía. Pero, lamentablemente la reacción de esas autoridades fue totalmente la contraria.

En una “Carta abierta” del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), firmada por cinco Rectores de las universidades públicas, remitida a la Asamblea Legislativa, ese órgano, atrincherado en aquel lacerante pronunciamiento de la Sala Constitucional, “manifestó que este Consejo reitera la petición expresada en distintas marchas así como los criterios y advertencias contenidas en sus múltiples misivas y comunicados ante la Asamblea Legislativa, (…).”

Y al final de su panegírico destaca que “Mediante la enmienda de las distintas inconstitucionalidades advertidas por la Sala Constitucional, se podría garantizar la observancia de los principios constitucionales de eficiencia administrativa, selección de personal con base en idoneidad comprobada y de estabilidad en el empleo (arts. 191 y 192 constitucionales) a favor del funcionamiento del Estado costarricense, sin perjudicar de forma alguna la independencia de cada poder de la República y las distintas autonomías constitucionales sobre las que nuestros constituyentes organizaron nuestra institucionalidad democrática.”

Pues bien, al buen entendedor con pocas palabras, y en realidad, no hay que hacer mucho ejercicio dialéctico, para inferir que CONARE alegremente se allanó, de una, a ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional, solicitando a la Asamblea Legislativa, de una manera tan afanosa y febril, que con base en dicho voto se enmiende el controversial proyecto, no obstante que hace pedazos la autonomía universitaria.

2.- Motivos por los que el voto de la Sala vulnera la autonomía universitaria

Por contrario a esa súplica, al unísono del quinteto universitario, es pertinente y necesario formular, de manera resumida, las principales razones por las que la opinión de la Sala Constitucional quebró de un martillazo la autonomía.

i.- En primer lugar, el voto de la Sala declaró que no es inconstitucional que las universidades públicas queden cubiertas (sometidas) por la Ley Marco de Empleo Público, ni mucho menos que sus normas le resulten aplicables.

Es decir, esta perniciosa ley vendría a quedar entronizada en el ámbito universitario, con todas las consecuencias resultantes, que ya son muchas las sufridas por la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esto tan elemental, lo dejaron pasar inadvertido los rectores, quienes creen que con una enmienda cosmética queda a buen recaudo la autonomía.

ii.- En segundo lugar, el voto del Tribunal Constitucional, producto del activismo judicial que caracteriza su jurisprudencia conservadora, definió un régimen de empleo dual, totalmente artificioso, dentro de las propias universidades.

Por un lado, creó una particular categoría de funcionarios y funcionarias, cuya competencia regulatoria la van a retener los órganos superiores de las universidades, pero obviamente dentro del marco de los cánones autoritarios, antidemocráticos y fiscalistas de esa ley.

Por otro lado, configuró otras categorías de personas trabajadoras, tan universitarias como las anteriores, cuyo régimen se desposesiona y transferirá exclusivamente al imperio autocrático de MIDEPLAN.

Esta grosera y retorcida segregación de la familia universitaria, es sumamente grave, porque a manera de un Caballo de Troya, se garantiza la intervención directa del Poder Ejecutivo en materias que constitucionalmente están reservadas a las universidades, lo cual los rectores tenían que repudiar y no lo hicieron.

La gobernanza y regulación de la relación de empleo de importantes colectivos funcionariales, la asumirá el emergente Leviatán -dícese MIDEPLAN-, dejando en estado de interdicción las potestades de los órganos universitarios; que los rectores con tanto beneplácito renunciaron ejercer las competencias autonómicas que le atribuyen los respectivos Estatutos Orgánicos y la normativa intrauniversitaria derivada.

La cuestión es muy sencilla: la autonomía universitaria, la de mayor plenitud en nuestro ordenamiento jurídico, de orden administrativo, político y organizativo, es absolutamente incompatible con cualquier modalidad de intrusión del Gobierno en cuestiones propias y exclusivas de las universidades públicas.

iii.- En tercer lugar, indistintamente que la gobernanza y regulación de la relación de empleo la retengan –parcialmente- los órganos universitarios, o se transfiera la regulación a MIDEPLAN, a todas y todos los funcionarios universitarios, a los actuales y futuros, se les impone unilateralmente el esquema de salario global único, el producto estrella del proyecto de ley, que es la principal herramienta de política fiscal de esa iniciativa legislativa.

A merced de este nuevo esquema salarial, de un solo plumazo, se destruyen las estructuras salariales propias que tiene cada universidad, de larga data, que se construyeron en función de la naturaleza y especialidad de la actividad universitaria, consumándose otro agravio más contra la autonomía.

iv.- ¡Pero que ningún universitario eche las campanas al vuelo¡ Las normas “transitorias” del proyecto legislativo, que disciplinan férreamente el congelamiento y estancamiento de los salarios, probablemente, hasta la segunda venida de Cristo (Transitorios XI y XII), que la opinión de la Sala declaró que estas normas no son inconstitucionales, y que los rectores tanto aplauden, se aplican por parejo a todos y todas las funcionarias de las universidades.

Nadie quedó excluido de esta política extrema y salvaje de devaluación de los salarios, por más que simbólicamente los órganos universitarios retengan la regulación del empleo de aquellos colectivos.

3.- La declinación de la defensa de la autonomía

La desafortunada epístola de CONARE, dirigida a la Asamblea Legislativa, que solicitó ajustar el texto del proyecto conforme el voto de la Sala Constitucional, y que sostiene que el voto garantiza la observancia de los principios constitucionales y salvaguarda las autonomías constitucionales, como ha quedado demostrado, es falsa de toda falsedad y constituye una declaración de rendición sin condiciones.

Lo que sí quedó protegida, por cierto, fue la remuneración de los rectores, que el voto declaró que no la puede fijar la Autoridad Presupuestaria.

Los jerarcas académicos capitularon, contagiados por el virus del malinchismo, que recorre los despachos universitarios, y qué en más de una oficina, ya le dieron vuelta a los cuadros con las fotografías de Rodrigo Facio, Baudrit Solera y otros prominentes constituyentes, que brillantemente defendieron la esencia misma de las universidades públicas.

Me gradué en la Universidad de Costa Rica, y además, fui profesor de esta emblemática casa de estudios superiores, cuya principal función es contribuir al desarrollo económico y social y el mejoramiento de las condiciones de vida y cultura de nuestro pueblo. Por esto, uno resiente e indigna tanto esa carta pusilánime que defrauda la institucionalidad universitaria, y qué como afirmó el ilustrísimo Baudrit Solera, hace más de 70 años, facilitan que las universidades se transformen en oficinas dóciles del Gobierno.

Ahora que la nueva versión del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que hay que hacer la advertencia que todavía es más regresiva y dañina que el mismo voto de la Sala Constitucional, se estará consultando a las universidades públicas, esperaríamos que los respectivos Consejos Universitarios manifiesten su rotunda oposición a este proyecto, que quiebra la institucionalidad democrática, y reivindiquen la autonomía universitaria, que en más de una ocasión la dejaron en solitario abandonada en el camino.

Las universidades deben quedar absolutamente excluidas del proyecto de empleo público. Cualquier cosa que sea menos, es traicionar a los ilustres Constituyentes que con tanta brillantez y vehemencia defendieron la Autonomía.