Las corporaciones municipales, en una proporción significativa, presentan serias debilidades en sus sistemas contables, lo cual implica que no haya información financiera confiable, veraz y oportuna para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y del control efectivo de su patrimonio.

 

A esta conclusión llegó la Contraloría General de la República tras efectuar un estudio en las municipalidades de Liberia, León Cortés, Cartago, Paraíso,  Atenas, Osa, Hojancha y Puntarenas.

 

“Gran parte de las entidades del sector municipal presentan debilidades estructurales, conceptuales y de gestión, que inciden negativamente en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de partidas significativas de los estados financieros, y que afectan la gestión contable financiera”, señala el informe.

 

“Adicionalmente, la mayoría de los gobiernos locales carecen de una contabilidad patrimonial acorde con un marco normativo contable y de sistemas de información integrados”.

 

La Contraloría encontró inconsistencias importantes en el registro y clasificación de algunas partidas contables, que van desde 1 millón hasta 1.566 millones de colones.

 

Se detectaron ingresos por sumas millonarias sin contabilizar, cuyo origen se desconoce, “lo que dificulta su aplicación, en perjuicio de los servicios a los contribuyentes”.

 

También se evidenciaron “debilidades de control” que impiden una adecuada protección a los recursos de las municipalidades.

 

Como ejemplos, la Contraloría señaló la ausencia de arqueos periódicos y sucesivos de las cajas chichas y de las cajas recaudadoras, la existencia de conciliaciones bancarias desactualizadas y la carencia de inventarios físicos periódicos.

Otras debilidades son la carencia del manual de procedimientos financiero-contables que exige el artículo 114 del Código Municipal, la falta de un plan general contable y de libros contables para el registro y control de las operaciones o transacciones financieras.

 

“Los gobiernos locales que administran un presupuesto entre los 800 y 12.000 millones de colones por año y que están obligados a responder y a rendir cuentas a su comunidad por el manejo eficiente de esos recursos, no han implementado mecanismos de control efectivos que garanticen de manera razonable, el registro, la custodia, protección y conservación de las finanzas y bienes municipales”, concluyó la Contraloría.

 

Esta situación “va en detrimento de la confiabilidad y oportunidad de la información financiera e incrementa el riesgo de errores, usos indebidos, sustracciones o pérdidas de activos sin que sean detectados de manera oportuna por la administración municipal, en detrimento de los objetivos institucionales y del bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del cantón”, agregó.