Tales afirmaciones las hace Arroyo, quien se jubiló tras 40 años de servicio, en una entrevista que publica esta semana el periódico Universidad. Los siguientes son algunos extractos. El texto completo puede ser leído en el enlace http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/este-pais-acoso-politico-jueces/.

Sobre las presiones que enfrentan los jueces, Arroyo advirtió del peligro de que  la Corte se llene de magistrados complacientes, que no hagan más que repetir lo que quieren oír los diputados.

“Hay en el país una cierta corriente económico-política que ya no se satisface con  tener las mayorías, quiere la unanimidad, quiere el pensamiento único.  En ese escenario, de la democracia solo quedaría la fachada, fenómeno que en estos días es universal y puede ser de izquierda o de derecha, eso es lo de menos”.

Por otra parte,  llamó la atención sobre lo que llamó “perversiones del sistema de justicia penal”, que han llevado a la pérdida de derechos y garantías universalmente reconocidos y que “han costado siglos de evolución y aprendizaje”.

“Lejos de articularse una política criminal democrática a nuestra medida, hemos receptado todas las estrategias venidas de fuera. La lógica de la guerra al narcotráfico se ha impuesto en el plano legislativo tanto como en el plano operativo”, apuntó.

“Esta focalización en el narcotráfico ha traído distorsiones y auténticas perversiones al sistema de justicia penal y judicial. Las dos más relevantes tienen que ver con la relativización y relajamiento de los derechos y garantías penales fundamentales (…)  el principio de inocencia, el in dubio pro reo, el principio de legalidad. Se agravan medidas cautelares, se vuelve regla la prisión preventiva, se extienden las penas de prisión, se amplían las figuras penales, se promueven jueces sin rostro, se reducen beneficios penitenciarios, se pretende el interrogatorio policial sin garantías. Todo esto, en general, para cualquier tipo de delito, y ya no solo para lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias prohibidas. El resultado final es un sistema penal debilitado, una ciudadanía menoscabada en sus derechos y libertades fundamentales, un sistema penitenciario colapsado”, denunció Arroyo.

Sobre su salida del Poder Judicial, afirmó:

“Podría decir que voy a cumplir 40 años en el servicio público y que ya son suficientes. Podría decir que están naciendo los nietos y esa experiencia hace que renazcamos los abuelos. También podría decir que hay ciclos en la vida y que es hora de darle paso a nuevas generaciones. Pero la razón determinante para decidir mi retiro es porque no veo espacio ni voluntad política para los proyectos estratégicos por los que he trabajado más de 15 años; concretamente, una reforma integral de las leyes orgánicas del Poder Judicial que actualicen este poder de la República, lo saquen del siglo XIX y lo impulsen hacia el siglo XXI. Ha habido muchas otras prioridades”.

Y refiriéndose al Ministerio Público, señaló que “habría que darle una buena sacudida. Es indispensable, a futuro, asegurarse la independencia de todos los fiscales con la formación y la valentía necesarias, no es conveniente que salten del Ejecutivo al Judicial o viceversa. ¡Líbrenos la Providencia de nombrar en esta importante institución personas que hayan pasado por la política partidaria”.