El gobierno anunció que el próximo 25 de febrero hará efectivo el pago de 210 millones de colones a las 18 parejas y sus abogados que ganaron al Estado un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la prohibición de la fecundación in vitro.
“El pago se hará efectivo este 25 de febrero”, expresó el ministro de Comunicación, Francisco Chacón.
De estos 210 millones, 180 corresponden a las parejas a razón de 10 millones de colones para cada una, y los restantes 30 millones es para cancelar los honorarios de los abogados que defendieron a las víctimas en el proceso.
Chacón también anunció que se está trabajando para enviar al Congreso, lo antes posible, el proyecto de ley que regulará el uso de la fecundación asistida en el país, de conformidad con lo dispuesto por la sentencia de la Corte IDH.
El pasado 20 de diciembre, la Corte IDH condenó al Estado costarricense por prohibir la aplicación de la técnica de la fertilización in vitro, con base en una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida en el año 2000.
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó que la prohibición afectó los derechos a la vida privada y familiar, los derechos reproductivos, y la integridad personal de los afectados.
Los jueces afirmaron que "la decisión de ser padre o madre es parte del derecho a la vida privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico".
El tribunal internacional ordenó la restauración del derecho a la reproducción asistida, ante lo cual el gobierno prometió que cumpliría la sentencia en todos sus extremos.
La ilegalización de la fecundación in vitro fue promovida por sectores religiosos conservadores, alegando que el procedimiento es violatorio de la vida humana, pues requiere desechar óvulos fecundados.
