Ya sea que se comparta o no su ideario, en todo o en parte; ya sea que se noten algunos contenidos internos de orden sectario o dogmático que pudieran impregnar su devenir actual e impedirle avanzar para coadyuvar en el potenciamiento de la necesaria nueva hegemonía; e incluso, ya sea el poco desarrollo de su potencia y de su capacidad en cuanto a articularse de manera estratégica con la diversidad de los sectores sociales (entendiendo que no se puede hacer una lectura ortodoxa de los mismos), etc.; lo real es que los contenidos de la propuesta programática y de corte progresista que el FA le presentó al electorado, jamás agradó a esos sectores político-económicos (y sus diversos partidos con representación parlamentaria); esos mismos que están desplegando una “santa cruzada” contra el obispo, los que fraguaron la novela que tuvo como “primera actriz de reparto” a la “procuradora del gran empresariado”.

Evidentemente, el FA está inmerso en una seria turbulencia. De cómo la resuelva, más allá de los factores político-ideológicos y partidistas que ya están “lucrando” con la misma, podría cimentar ó frustrar perspectivas electorales para dos pruebas de corte electoral de corto plazo: las elecciones municipales del 2016 y, especialmente, las presidenciales y parlamentarias del 2018.

La opereta grotesca que se escenificara en el plenario legislativo cuando el ahora exdiputado Ronal Vargas Araya anunció su renuncia a la curul diputadil alegando una “grave” enfermedad, ha recibido con sobrada razón, una censura generalizada proveniente de las más distintas visiones sociopolíticas de la realidad costarricense actual.

La verdad es que, como bien se sabe, la imagen del parlamento costarricense ha venido a menos en “los tiempos del neoliberalismo”, pues la clase política tradicional ha realizado muy bien la tarea de desacreditarlo ante la ciudadanía; teniendo presente que así resulta más fácil su “gerenciamiento político”; ese que se ha venido impulsando extramuros parlamentarios y, particularmente, desde la prensa del capital y su particular latifundio mediático, el que está “coloreado” como evasor de impuestos.

Por eso han impactado los acontecimientos de la indicada “renuncia” diputadil, puesto que la bancada legislativa del Frente Amplio concitó una impresionante cantidad de votos, cargados de sueños y de esperanzas de “algo” distinto en la política nacional, a la opereta que venía escenificándose en el parlamento costarricense, a partir de la caída del Muro de Berlín y en los inmediatos tiempos “post-TLC”. Sin embargo, el agravio indicado no puede empañar una enorme cantidad de acervo de lucha social transparente que sigue anidando en un partido que nació “desde abajo”, con respaldo social.

Es el FA mismo el que ya está reconociendo hidalgamente, graves errores en el manejo de la situación desde que tuvieron conocimiento del caso y de su gravedad. Desde la propuesta de renuncia por “motivos personales”, hasta la justificada argumentación de protección de la identidad y privacidad de la víctima, pasando porque hay la obligatoriedad de que prive el procedimiento legal que debe observarse en estos casos hasta que haya denuncia “formal” por parte de la víctima.

Agregando además, el “enclochamiento”, el estado de shock que alegan les produjo todo esta situación, especialmente el acto de opereta bufa de la renuncia de su hoy ya excolega diputadil, lo que les dejó “paralizados”.

En nuestro caso sí creemos que lleva razón el FA al centrar su defensa en que es el primer partido político con representación parlamentaria que le pide a uno de sus legisladores y ante la gravedad que reviste un caso de acoso sexual, que renuncie, ipso facto, al cargo; mostrando con ello una contundencia clara de que estas delicadas y dolorosas situaciones no deben ser tolerada en aquella colectividad partidista que pretenda ser distinta de lo que hasta ahora estaba en el escenario de la política nacional (más bien, la politiquería nacional). Esto es lo que debe privar a la hora de “juzgar” al FA; no el argumento central que esgrime la derecha del capital de que idearon una especie de “conjura” para ocultar el caso.

Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
También por Albino Vargas Barrantes: