Los diputados Socialcristianos (PUSC) presentaron el proyecto de ley para poner límites a las remuneraciones abusivas en el sector público de los jerarcas de los poderes del Estado y de la Administración Pública, además fija reglas generales para  mantener el poder adquisitivo pero salvaguardando criterios de proporcionalidad con la realidad económica.

El proyecto de ley fue presentado por el ex candidato socialcristiano Rodolfo Piza, y la fracción del PUSC integrada por los legisladores Johnny Leiva Badilla, Gerardo Vargas Rojas, Luis Alberto Vázquez Castro, Rafael Ortiz Fábrega, William Alvarado Bogantes y Rosibel Ramos Madrigal, este martes, en el Salón de Expresidentes del Congreso.

El Jefe de fracción del PUSC Rafael Ortiz Fábrega, explicó que los límites a las remuneraciones totales alcanza a los funcionarios públicos, a los jerarcas de los Poderes del Estado, Viceministros,  Oficiales Mayores, Presidentes  Ejecutivos y Gerencias de las Instituciones Autónomas, Semiautónomas, Empresas Públicas, Bancos del Estado .

Las regulaciones que se establecerían señalan que los salarios más altos no podrán superar el equivalente a más 18 salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado, de ¢266.942.69 en el primer semestre de este año con un solo ajuste anual, de acuerdo con el aumento porcentual en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ortiz Fábrega, dijo que las regulaciones no permitirán aplicar a los jerarcas reajustes, reasignaciones, recalificaciones, anualidades u otros pluses salariales de ninguna especie. Sin embargo, los funcionarios públicos de salarios altos podrán mantener sus derechos adquiridos porque la ley no sería retroactiva.

El proyecto de ley presentado este miércoles por los socialcristianos busca quitar presión sobre la situación fiscal del país que “ha venido en franco deterioro, registrando actualmente un déficit proyectado del 6% del PIB, lo cual genera inestabilidad económica con presiones inflacionarias en perjuicio de los sectores más desprotegido” dijo Ortiz Fábrega.

Las remuneraciones en el sector público deben tener límites y deben ser proporcionales con la realidad especialmente en las categorías y rubros de ingresos superiores que imponen una carga desproporcionada sobre el resto de los costarricenses, que hieren a los costarricenses y violan el principio constitucional de equidad en el reparto de la riqueza, señalaron los legisladores.

El artículo 57 de la Constitución Política consagra el principio de igualdad salarial, sin embargo, falta un marco regulatorio para los poderes de la República, y de la administración pública que establezca parámetros de mayor igualdad entre los distintos niveles de las remuneraciones, sean estas dietas, salarios, y pluses adicionales.

La ley respeta los derechos adquiridos vigentes y se establecen límites aplicables únicamente hacia el futuro para resguardar los principios constitucionales de igualdad (artículos 33 y 57 de la Constitución), equidad (derivado de los artículos 74 y 50 de la Constitución) y de “irretroactividad de las leyes en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas” (artículo 34 de la Constitución).

Otro proyecto que ya se mueve en el Congreso sería para poner reglas a los aumentos salariales de los diputados. En la actualidad se aplican dos ajustes por año, la iniciativa es para que se aplique uno solo por año y que no sea mayor al aumento en el costo de la vida determinado por el INEC.

Ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública

ARTÍCULO 1. Límite a las remuneraciones totales en la función pública

La remuneración total de los funcionarios públicos en jornada ordinaria y de los Jerarcas de los Poderes del Estado y de la Administración Pública; no podrán superar el equivalente a más de dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado (trabajadores no calificados genéricos).

ARTÍCULO 2. Límite a remuneraciones en los poderes del Estado y la administración pública

Las remuneraciones  totales de los funcionarios públicos y los Jerarcas de los Poderes del Estado, así como de los Viceministros, de los Oficiales Mayores, de las Presidencias Ejecutivas y Gerencias de las Instituciones Autónomas, Semiautónomas, Empresas Públicas, Bancos del Estado y de los demás entes públicos; se ajustarán una vez al año, de acuerdo con el aumento porcentual en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

TRANSITORIO Derechos adquiridos y ajuste a remuneraciones superiores

Al entrar en vigencia la presente Ley, los jerarcas de los Poderes del Estado, de las Instituciones Autónomas, de los demás entes públicos y los funcionarios públicos cuyas remuneraciones totales por jornada ordinarias superen los dieciocho salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado; mantendrán sus remuneraciones, pero no podrán ajustarse por encima de la inflación de acuerdo con el aumento porcentual en el índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y no se les aplicarán reajustes, reasignaciones, recalificaciones, anualidades u otros pluses salariales de ninguna especie.