Mora fue categórico, no existen discrepancias ni “el supuesto enfrentamiento” que difundió esta semana el periódico La Nación, “entre nuestra fracción y las autoridades del Ministerio de Hacienda en torno a este importante proyecto de reforma al Código Tributario y a otras leyes conexas”.
“La verdad, dijo, es que estamos conjuntamente negociando con las distintas fuerzas políticas del Congreso para que se apruebe el mejor proyecto posible y, en especial, que la figura del cobro ejecutivo en sede administrativa no sea eliminada del proyecto de ley, a pesar de que cuenta con fuertes detractores”.
El congresista advirtió que desde la Comisión de Asuntos Hacendarios “daré todo mi esfuerzo para lograr un proyecto realmente eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
Mora señaló que con los mensajes difundidos a través de la prensa esta semana, quedó en evidencia que “los opositores intentarán confundir y dividir, pero les aseguro que en esta lucha estamos unidos, por el bien del país y por la justicia tributaria”.
La objeción más fuerte que tienen los opositores a una reforma fiscal es contra el mecanismo de cobro en sede administrativa. Esta podría ser la carta que se guardan en la manga para usarla si prospera el proyecto del gobierno en la corriente legislativa, pero, la fracción oficialista estaría realizando consultas con especialistas en esta materia para que verifiquen.
Algunos especialistas en el tema fiscal llamaron la atención sobre los recursos que existen que apuntan a se puede recurrir a los tribunales y solicitar como medida cautelar el embargo preventivo a morosos, que los obligaría a depositar el 25% del total adeudado al fisco, mediante regulación que ya existen en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el Código Procesal Administrativo y el Código Procesal Civil. El embargo a morosos sería el principal mecanismo en la lucha contra la evasión fiscal.
Mora puntualizó que el proyecto del gobierno no va a violentar ninguna regulación existente como han señalado los opositores a la lucha contra la evasión fiscal, sobre el artículo 49 de la Constitución, ya que la jurisdicción contencioso-administrativa estaría a disposición de los deudores tributarios en todo momento, incluso en fase de cobro ejecutivo.
Asimismo, aclaró que trabajan en los ajustes necesarios para que el proyecto se adecúe a las garantías de la Convención Americana de los Derechos Humanos, invocados en el inciso 1 del artículo 8 sobre las garantías judiciales.
