El presidente Alvarado fue sorprendido, este jueves, por los diputados de oposición que rechazaron el presupuesto extraordinario que el gobierno presentó en el marco de las acciones para canalizar recursos financieros y otros, a sectores empresariales y productivos, la atención sanitaria de la pandemia y finalmente, el apoyo a familias pobres y trabajadores que perdieron sus empleos por el confinamiento obligatorio para contener el propagación del COVID-19.

Todas son acciones de la estrategia para enfrentar la emergencia por la pandemia del coronavirus que inició con las estrictas medidas sanitarias que se aplicaron en todo el país, con resultados muy positivos en la salud de las personas, pero que también pusieron en evidencia los efectos durísimos del confinamiento sobre los trabajadores y sectores vulnerables de la población.

Los grupos neoliberales con representación mayoritaria en la Asamblea Legislativa han empezado a aplicarle torniquetes al gobierno, ahora acuerpados por el Fondo Monetario Internacional que a una velocidad sin precedentes ofreció al país un préstamo en condiciones “blandas” aprobado en tiempo record por el organismo financiero, para atender la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.

Algunas de las condiciones del préstamo blando del FMI son, precisamente, recorte del gasto de gobierno, achicamiento del estado, venta de activos estatales, entre otros, un corsé que aplican a los países desde la década de los ochenta, que ha tenido consecuencias desastrosas en todo el planeta. Los ejemplos recientes del ajuste en Grecia y Portugal o Chile y Argentina.  

Alvarado explicó que el presupuesto extraordinario que envió al Congreso tenía al menos cuatro componentes.

Los 75 mil millones de colones aprobados con anterioridad por los diputados en una ley para apoyar a las personas en vulnerabilidad con el Bono Proteger. “Ya se han dado más de 500 mil ayudas con el bono en el contexto de la pandemia pero hay muchas personas que no lo han recibido y lo necesitan. Y de ahí nuestro llamado y nuestro pedido al Congreso para que se apruebe” dijo Alvarado.

Agregó que muchas personas siguen esperando la ayuda del Bono Proteger “se puede ver en las redes sociales porque suben post con las fechas en que aplicaron y todavía no han recibido la ayuda que siguen esperando”. “Esa es mi congoja porque hay gente que necesita ese apoyo”, dijo el Presidente.

El segundo componente, señaló, son los 33 mil millones de colones para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) “también aprobados por los diputados con nuestra anuencia. Necesarios para fortalecer nuestra seguridad social en este contexto de pandemia”.

El otro componente de la propuesta que se envió al Congreso es un segundo recorte de gastos, por un monto significativo, “recordemos que ya se hizo un recorte anterior, el gobierno sigue comprometido con socarse la faja”, dijo el Presidente.

“Estos son los tres componentes del presupuesto más la incorporación del préstamo del BID que también fue aprobado con anterioridad por las señoras y señores diputados, son los componentes de la propuesta presupuestaria del gobierno” precisó.

“Estos elementos son buenos para Costa Rica, no para el gobierno. Para la seguridad social, para la gente en un momento de pandemia. Ahí no había nada malo para Costa Rica, nada malo para Costa Rica”.

“De ahí viene mi sentimiento de dolor pero también hay entendimiento. El gobierno no ha renunciado a socarse la faja en el contexto de pandemia, lo seguiremos haciendo. No hay reparo en eso, seguiremos recortando todo lo que podamos sin lastimar las cosas esenciales de los costarricense, pero seguiremos en eso porque es bueno también para Costa Rica”.

Las declaraciones del presidente Alvarado, develan que el apriete de los legisladores va directo al gasto total del gobierno. Recortar más significaría recortar funcionarios, funciones y proyectos del gobierno que van a afectar también los programas sociales, en un momento de tanta necesidad.

Lo que resulta doblemente complejo si entendemos que el país está sufriendo una contracción económica que afecta el mercado laboral con la pérdida de cientos de puestos de trabajo.