Las y los recuperadores de la finca Kapleña en el Territorio Bribri de Salitre han solicitado al Ministerio de Seguridad Pública que declare la “vulnerabilidad social del desalojo judicial ordenado” en apego a la realidad de las familias bribris que habitan las tierras y como medida cautelar ante la indefención en que los deja la orden judicial en favor de personas no indígenas.
Señalan el agravante de que en el despacho judicial que ha emitido los cuatro desalojos "labora el Juez Jean Carlos Céspedes Mora quien tiene una relación de parentesco por afinidad con una persona que usurpa tierras en Territorios Indígenas, en una declaración pública de las y los recuperadores, apoyada por el Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS).
En la declaración explican que este lunes (11/07/22) fueron emitidas nuevas órdenes de desalojo judicial contra las familias recuperadoras del Pueblo Bribri de Salitre por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (en Materia Agraria) mediante sentencia 40-2021 del 30-06-21 y Ejecución de Sentencia del 22-06-22 y el voto N.373-F-22 del Tribunal Agrario del segundo Circuito Judicial de San José en un proceso interdictal que se conoce en el expediente 19000045-655-AG-2, en las que se ordena el desalojo de las personas recuperadoras.
De acuerdo con la denuncia, la Justicia costarricense con estas “resoluciones contradice todos los estándares internacionales de derechos humanos de los Pueblos Originarios y vulnera el derecho ancestral y legal a la tierra” explican la CODIAW y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS).
La finca Kapleña de unas 55 hectáreas está ubica en Puente de Salitre y fue recuperada el 2 de noviembre de 2019 de la ocupación ilegal que ejercía el no indígena Edwin Guevara Mora, a quien señalan como uno de los instigadores de odio y violencia contra los pueblos originarios: “ha estado involucrado y ha sido denunciado pública y judicialmente por su participación en varios hechos de violencia contra el Pueblo Bribri de Salitre, tales como tentativa de homicidio, agresión con armas, amenazas, ataque con sustancias químicas, entre otros” señalan las organizaciones indígenas y de campesinos de forman parte de la CLSS.
“Ante estas órdenes de desalojo, el lunes 11 de julio una representante de las 12 personas Bribris que recuperaron, habitan y trabajan la finca Kapleña y otra persona, ambos voceros e integrantes del Concejo Ditsö̀ Irìria Ajkö́nu̱k Wakpa (CODIAW) organización propia del Pueblo Bribri de Salitre, presentaron ante el Ministro de Seguridad formalmente la Solicitud de Declaración de Vulnerabilidad Social del Desalojo de la finca Kapleña; así como la referencia formal del caso a conocimiento de Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), en aplicación del Decreto No. 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIS (Decreto de CAID)” detallan en su declaración.
Quienes presentaron la solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad son beneficiarios de las Medidas Cautelares MC-321/12 del 2015 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor del Pueblo Bribri de Salitre y Brörán de Térraba y recordaron al jerarca del Ministerio de Seguridad su competencia para declarar de vulnerabilidad social un desalojo incluso si este fuere ordenado en sede judicial, según el artículo 15 del Decreto Ejecutivo 39277. Y reiteran la urgencia de que se haga “justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos originarios”.
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