El ex jerarca del MOPT fue denunciado por supuestamente intervenir en procesos licitatorios en los que fueron favorecidas dos empresas a las que, como profesional en ingeniería, había prestado servicios antes de ser ministro: la brasileña OAS y la costarricense CACISA.

En un extenso informe de 63 páginas, la Procuraduría analizó los hechos atribuidos a Castro y concluyó que, en el caso del contrato otorgado a CACISA para construir un tramo de la carretera 1856 o Juan Rafael Mora, “no se abstuvo de conocer, discutir y aprobar dicha adjudicación a pesar de haber mantenido en el pasado una relación de consultor por varios años con dicha empresa”.

Dicha conducta genera dudas sobre “su rectitud, imparcialidad, objetividad y transparencia, principios éticos que deben ser observados por todos los funcionarios públicos”, pues él debió “abstenerse desde el inicio de participar directa o indirectamente en la discusión o adopción de los acuerdos relativos a su excliente”, indica el informe.

En relación con el contrato otorgado a OAS para la ampliación de la carretera San José- San Ramón, la Procuraduría concluyó que no se acreditó que hubiese intervenido en la discusión, votación o resolución de asuntos relacionados con el mismo.

El informe había sido entregado a la presidenta Laura Chinchilla, pero ésta lo declaró confidencial y negó el acceso público al mismo.

En conferencia de prensa, Solís explicó que su objetivo es que la Fiscalía determine si de los hechos investigados por la Procuraduría se desprende una conducta delictiva que tenga que ser investigada y juzgada.