“Más allá de la evidente importancia que tiene la mejora del proyecto, debemos advertir que la definición de las condiciones y forma en que se financie y ejecute el proyecto, escapa a las competencias de esta Contraloría General de la República y corresponde a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, bajo el respeto del ordenamiento jurídico, tomar las decisiones que a cada cual le competen”, señala la resolución.
No obstante, la CGR advirtió al gobierno que la firma del convenio con la empresa china CHEC para la construcción de la obra, debe cumplir con varios requisitos legales, como suscribir un convenio conforme a las reglas del derecho internacional pública; suscribir un contrato que establezca las obligaciones de cada parte y “conformar un expediente en el que se incorporen los documentos que en forma motivada sustenten la selección de la empresa, las condiciones de la contratación, la razonabilidad del precio y cualesquiera otras condiciones que se fijen a nivel contractual”.
Sobre la razonabilidad del precio, la Contraloría no se pronunció por no corresponder a sus atribuciones en la actual etapa, pero señaló que es fundamental que la Asamblea Legislativa tenga acceso a toda la información relativa a este aspecto por parte del Poder Ejecutivo, antes de proceder a la aprobación del contrato.
Además, señaló que temas relativos al crédito que otorgaría un banco chino, como “el riesgo cambiario de la moneda china respecto al dólar y la definición de la tasa de interés “resultan aspectos relevantes de ser analizadas por parte de los señores diputados”, con base en criterios anteriores desarrollados por la propia Contraloría.
También advierte al gobierno que las contrapartida nacional de 69,8 millones de dólares y los 20 millones que se requerirían para expropiaciones, no se encuentran incorporado al presupuesto nacional del año 2014, por lo que tendrían que hacerse modificaciones presupuestarias
En comunicado, el gobierno anunció que la Contraloría “allanó el camino para la aprobación del proyecto para la ampliación de la ruta 32”.
El comunicado asegura que, de la resolución de la CGR, se deriva que ésta “no objeta la aplicación de la excepción para contratación directa con la empresa CHEC y que lo que hay que revisar en conjunto entre Asamblea y Gobierno es que el convenio esté amparado al derecho internacional, lo que para el Gobierno es totalmente válido”.
