Sin embargo, el mandatario anunció que la ley no entrará en rigor hasta el año 2016. Mientras tanto, propondrá a la Asamblea Legislativa una modificación a la ley para que se excluya la posibilidad de huelga en los servicios públicos esenciales.

"Hoy estamos dando un paso transcendental para nuestra legislación laboral", señaló Solís , quien aseguró que "las generaciones futuras nos lo agradecerán".

La nueva legislación protege contra despidos abusivos, descongestiona los estrados judiciales laborales y garantiza el funcionamiento de servicios esenciales en caso de huelga, manifestó el gobernante.

"En adición a lo anterior, el Patronato Nacional de la Infancia dará asistencia legal gratuita a trabajadores menores de edad y sus madres para reclamar sus derechos laborales o relacionados con la maternidad; habrá asistencia legal gratuita para personas trabajadoras cuyo ingreso mensual no supere dos salarios bases del cargo de auxiliar judicial; y el Colegio de Abogados y Abogadas u otras organizaciones podrán constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita", dijo Solís al hacer el anuncio.

La reforma procesal laboral, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2012 por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, fue vetada por la ex presidenta Laura Chinchilla, debido principalmente a las presiones del sector empresarial.

El principal argumento en contra de la legislación ha sido que uno de sus artículos autoriza la huelga en sectores que brindan servicios básicos como salud, portuario, seguridad pública, transporte, entre otros.

Regulación de huelgas

Para solventar aprobado por amplia mayoría por la anterior Asamblea Legislativa y vetado luego por la ex presidenta Laura Chinchilla, "hay un elemento que no nos satisface y me refeiro a la posibilidad de huelga en servicios esenciales".

"Para despejar dudas sobre los efectos de ley y reafirmar mi voluntad, emitiré en los próximos días un decreto ejecutivo que confirme la prohibición absoluta de huelga en servicios esenciales y establezca la necesidad de planes de acción para la operación continua de estos servicios", agregó.

Además, dejó claro que la entrada en vigencia de la normativa no ocurrirá hasta dentro de 18 meses, periodo durante el cual los diputados tendrán el tiempo necesario para efectuar cambios consensuados que permitan mejorarla.

Reacciones

El anuncio provocó encontradas reacciones en medios políticos y gremiales. Sectores sindicales aplaudieron la decisión, mientras que cámaras empresariales y partidos políticos de derecha fustigaron a Solís por la decisión.

El directivo de la Cámara de la Industria Alimentaria (CACIA) Mario Montero afirmó que "el presidente le ha firmado un cheque en blanco a los sectores sindicales que más capacidad tienen para paralizar a Costa Rica".

El dirigente empresarial dijo que "ésto manda señales negativas para los inversionistas extranjeros y  no favorece la generación de empleo", que el país requiere.

Diputados del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) anunciaron el inmediato rompimiento de la alianza con el Partido Acción Ciudadana (PAC), que le dio al partido de gobierno el control del directorio legislativo en mayo pasado.

La organización anunció que presentará un recurso contra la decisión presidencial ante la Sala IV.

El bloque sindical Patria Justa, por su parte, calificó el anunció como "un acontecimiento histórico".

La reforma procesal laboral "constituye la más profunda transformación que ha sufrido el Código de Trabajo", un proyecto que "lleva un camino de 15 años", manifestó Albino Vargas, coordinador del Frente y secretario general de la Asociación nacinoal de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El diputado Gerardo Vargas, del Frente Amplio, celebró la decisión del gobierno e indicó que la clase trabajadora contará ahora con un instrumento de defensa muy importante, que incidirá en el mejoramiento de su calidad de vida.