Sosa presentó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de la guerra, que excluyó de la amnistía a militares comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos.

El se produce pocos días después de que la Fiscalía detuviera a 18 militares retirados bajo cargos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, cometidos entre 1981 y 1986 mientras el país vivía una sangrienta guerra.

Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-82), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante la guerra de 36 años.

La institución armada emitió un comunicado en que afirma que la acción de Sosa "fue un sentir y actuar personal que no refleja ni cambia la posición institucional" del ejército, de mantenerse al margen de los asuntos políticos y judiciales.

Sin embargo, señaló que el ejército no puede ser "indiferente" ante la coyuntura nacional y pidió a la justicia acatar los principios de presunción de inocencia y debido proceso en los casos contra los "soldados que en su momento sirvieron fielmente a la patria".

De acuerdo con medios locales, la acción de inconstitucionalidad presentada por Sosa es apoyada por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), entidad que el sábado pasado reunió a más de un millar de simpatizantes del ejército en el centro de la capital para manifestarse contra la detención de los oficiales jubilados.

El exdictador Efraín Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983 y que actualmente es procesado por el genocidio de centenares de indígenas mayas-ixiles, mantiene una batalla legal para que se le otorgue una amnistía bajo una ley aprobada en 1986, que fue sustituida por la de Reconciliación Nacional.

El enfrentamiento bélico guatemalteco dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó del 93% de las masacres a las fuerzas del Estado.