El proyecto que había sido presentado al Congreso por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para proteger al país del ingreso masivo de capitales externos que se estaba produciendo a finales de 2012, aun tendrá que esperar unas semanas antes de ser aprobado, más de un año después de su presentación y en un ambiente en el que persiste este tipo de amenazas.

La diputada independiente Patricia Pérez, promotora de la iniciativa, justificó la decisión que contó con el respaldo de legisladores de todas las fracciones, en que el Proyecto le otorga al Poder Ejecutivo algunas atribuciones que son propias de la Asamblea Legislativa, por lo que fue necesario que la Sala IV revise si existen posibles roces con la Constitución Política.

Pérez, puntualizó que en la futura Ley está previsto que el Ejecutivo pueda crear un impuesto para gravar los rendimientos de las inversiones provenientes del exterior y sin arraigo local, una facultad hasta ahora reservada al Congreso y que podría ser anticonstitucional.

Otra de las objeciones es que podría grabarse a los capitales sin arraigo local con un impuesto adicional de hasta 15% sobre la tarifa ya contemplada del 30% sobre utilidades, para gravar los rendimientos de las inversiones de no domiciliados en el país.

Otra de las medidas para desestimular las inversiones golondrina que se estaría revisando, es la  obligatoriedad de realizar un depósito en el BCCR del 25% del capital en la misma moneda en la que realizarán la inversión, lo que para Pérez podría ser una medida cuestionable.