Los ambientalistas y grupos comunales se concentrarán frente a la SETENA para movilizarse después hacia la Asamblea Legislativa a donde esperan llegar a la 1 de la tarde. El edificio de la SETENA está ubicado en Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita 300 metros Norte y 175 metros Este (Antigua Embajada Taiwán).
La marcha de este martes es una movilización nacional para defender el ¡Agua para las comunidades no para los negocios!, en la que participarán delegaciones de Upala, Guanacaste, Buenos Aires de Puntarenas, la zona de Los Santos, Talamanca, Turrialba, y comunidades del Valle Central que están pasando dificultades en el suministro de agua potable.
Marchamos en defensa de los ríos, sus ecosistemas y comunidades, porque el agua es un derecho y no un negocio, señalan más de 23 comités de base de comunidades de diferentes partes del país, en los que participan organizaciones ambientales, estudiantes y otros colectivos sociales.
En la Asamblea Legislativa desarrollarán una actividad cultural e informativa con diputados actuales y electos, en el bulevar este que durará hasta las 4 de la tarde.
Las comunidades y sectores aliados están luchando contra la expansión de proyectos hidroeléctricos en su mayoría privados, que están proliferando ante la expectativa de que aumente el porcentaje de generación eléctrica permitido a empresas privadas que entrarían en el negocio de la venta interna y la exportación de electricidad a países de la región centroamericana, si se aprueba el proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica.
De los 60 proyectos hidroeléctricos que evalúa el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para generación privada (32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite al 02-5-2013) ya 23 presentaron su Estudio de Impacto Ambiental a la SETENA.
Esta gran cantidad de proyectos evidencia que se están adelantando al nuevo sistema de licitación que busca consolidar el actual el Gobierno y a la eventual apertura del mercado, a partir de las leyes que se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa.
A estos proyectos privados se suman los ya construidos, más los que están en planes del ICE, cooperativas, empresas de servicios públicos y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para ocupar prácticamente todas las cuencas del país.
“No sería de extrañar que esta carrera por presentar estudios ambientales y aprobar algunas leyes antes de que termine la Administración Chinchilla, se vincule con el pago de favores políticos a generadores privados tal cual lo denunció recientemente el diputado Juan Carlos Mendoza, durante la tramitación del proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica” puntualiza el Bloque Verde.
El Bloque señaló también que el diputado Mendoza, del Partido Acción Ciudadana, había denunciado que en la pasada campaña 2010, donde resultó electa Laura Chichilla, se hicieron contribuciones al Partido Liberación Nacional por ¢220 millones desglosados en aportes económicos directos por ¢117 millones y compra de bonos de deuda hasta por ¢103 millones, y que entre los que hicieron estas contribuciones figuran empresas de generación eléctrica a nivel centroamericano.
“Por ello, afirma el Bloque Verde, se infiere que hay una presión por terminar de debilitar el sistema solidario del ICE y privatizar el mercado eléctrico nacional”.
La resistencia de las comunidades es para denunciar los esfuerzos de los jerarcas del gobierno por dejar aprobada la apertura del mercado eléctrico por medio de iniciativas de carácter centralistas y privatizadoras, que vendrían a agravar los conflictos con las comunidades por el acceso al agua potable y el cuidado de ríos, cuencas y el ambiente.
