Diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario presentaron este jueves una moción para que la Comisión de Gasto Público llame a declarar al vicepresidente Luis Liberman en relación con el escándalo por presunto lavado de activos que involucra a la suegra del ex presidente peruano Alejandro Toledo y que ha tenido implicaciones en Costa Rica.
La propuesta también plantea llamar a declarar al abogado José Melvin Rudelman, al superintendente general de Entidades Financieras, Javier Cascante y al gerente general de Scotibank en Costa Rica, Jean-Luc Rich.
Según investigaciones que adelantan las autoridades peruanas, la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, compró en Lima bienes inmuebles por unos 5 millones de dólares a través de una empresa denominada Ecoteva Consulting Group, que preside, y la cual fue constituida en Costa Rica por el abogado Melvin Rudelman.
Las investigaciones de la prensa peruana revelan que la sociedad, con fondos superiores a los 6 millones de dólares depositados en una cuenta en Scotiabank Costa Rica, está conformada –además de Fernenbug- por un abogado, un guarda de seguridad del bufete Rudelman y una trabajadora de la limpieza, quienes al parecer no tenían conocimiento de esa participación.
Para la adquisición de los bienes, Ecoteva recibió un préstamo de 3 millones de dólares de parte de Scotiabank-Costa Rica, entidad financiera que hace unos pocos años absorbió el Banco Interfin. Luis Liberman era el gerente general y uno de los principales accionistas de Interfin y luego de los activos de esta empresa pasaron a Scotiabank, Liberman siguió fungiendo como gerente general hasta que renunció para aceptar la candidatura a la vicepresidencia en 2009.
Los diputados mocionantes recuerdan que Toledo ha asegurado no tener nada que ver con esa sociedad, pero coincidentemente estuvo en Costa Rica dos días antes de la formalización del crédito, se reunión con Rudelman y compartió con Liberman en una cena.
En medio de esta confusa situación, la cuenta de Ecoteva en Scotiabank, con más de 6,5 millones de dólares, fue congelada por orden de la Fiscalía, que investiga la eventual participación de costarricenses en lo que las autoridades peruanas sospechan es una trama de legitimación de capitales.
