La iniciativa es del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del presidente Carlos Alvarado, “busca garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública que promueva el MOPT y evitar que se otorguen nuevos contratos a personas físicas o jurídicas que no resulten ser contratistas idóneos”, explicó la Presidencia en un comunicado.

Esta legislación resulta necesaria porque las eventuales consecuencias de procesos judiciales en curso pueden comprometer “la eficiente y eficaz ejecución” de los contratos.

La propuesta establece que los contratistas sobre los que pesen medidas cautelares fijadas por una autoridad judicial, no podrán participar en los procedimientos de selección para nuevos contratos, ya sea de manera directa o mediante mecanismos de gestión indirecta.

La medida aplicaría no solo para los concursos promovidos por el MOPT, sino también por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), el Consejo de Transporte Público (CTP), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) Y EL Consejo Nacional de Concesiones (CNC).

“Este proyecto se suma al conjunto de acciones que el Consejo de Administración de CONAVI (presidido por Méndez Mata) realiza ante los procesos de investigación judicial que se llevan a cabo por el llamado “Caso Cochinilla”.

En este caso, la Fiscalía investiga el pago de sobornos a funcionarios del CONAVI, principalmente, para otorgar contratos de manera irregular a un pequeño grupo de empresas, especialmente a MECO S.A. y a H. Solís, que aparecen como los mayores contratistas del Estado en obras públicas.