Los generadores privados de electricidad donaron 220 millones de colones a la campaña electoral de la presidenta Laura Chinchilla, lo cual explica la insistencia del Partido Liberación Nacional (PLN) en aprobar una ley que abra el mercado eléctrico nacional.

La denuncia la hicieron diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) en una conferencia de prensa en la que aseguraron que este grupo de poderosas empresas vinculadas al negocio de la energía pretenden convertir "sus intereses particulares" en agenda nacional.

"Entre 2009 y 2010, Chinchilla Miranda y el PLN recibieron cerca de ¢117 millones en aportes directos por parte de los dueños y socios de empresas privadas productoras de energía como Ingenio Taboga, Hidroeléctrica Río Lajas, la familia Esquivel Volio y las cogeneradoras Plantas Eólicas SRL e Ingenio Quebrada Azul S.A., donde participa el grupo Mesoamérica Investments, capital centroamericano promotor de la apertura en telecomunicaciones", precisaron los legisladores.

Además, aseguran la campaña de Chinchilla colocó otros ¢103 millones en bonos de deuda política entre empresarios propietarios o vinculados con empresas privadas productoras de electricidad, así como grupos económicos -nacionales y extranjeros- interesados en la generación de energía en Costa Rica.

Los datos fueron obtenidos, aseguran los denunciantes, de los reportes de donaciones económicas y listas de tenedores de bonos correspondientes a la campaña electoral 2009-2010, entregados por el PLN al Tribunal Supremo de Elecciones.

Estos datos se cruzaron con la información que consta en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) sobre las empresas hidroeléctricas y los miembros de sus juntas directivas.

Tenedores de bonos

Según el PAC, entre los principales grupos económicos tenedores de bonos del PLN para la pasada campaña, está la familia Esquivel Volio, que tiene intereses en Hidroeléctrica Río Lajas.

Otros aportantes son el grupo de capital guatemalteco Campollo Codina, propietario de CATSA e ingenios de azúcar asociados, así como los accionistas de Corporación Jeromo y Azucarera el Viejo, a su vez accionistas del Ingenio Taboga. Todos, cogeneradores de electricidad.

"En el caso del grupo Campollo Codina, financistas de la campaña de Oscar Arias (2005-2006) y de la campaña del Sí al TLC (2007), sus propietarios utilizaron en 2006 y 2007 múltiples sociedades anónimas para dividir los montos aportados, evadir los controles del TSE y ocultar el origen de los recursos provenientes del extranjero. Para la campaña 2009-2010 utilizaron el mecanismo de compra de bonos", señala un informe de los diputados opositores.

Las transnacionales al acecho

El diputado Juan Carlos Mendoza, ex presidente del Congreso, dijo a Informa-tico que los generadores privados nacionales insisten en aumentar su participación en el mercado, a pesar de que hoy solo producen la mitad de lo que les permite la legislación vigente.

"Claramente se trata de una estrategia del capital transnacional, más que del costarricense. Grupos como Mesoamerica Investment, que ya tiene inversiones en el el área de las telecomunicaciones, quieren ampliar su participación al sector de energía.

El grupo guatemalteco Campollo es otro de los interesados en esta apertura, porque claramente Costa Rica es un campo muy llamativo para ellos.

Según Mendoza, estas empresas transnacionales están interesadas no sólo en ampliar su participación en la generación, sino que necesitan una reforma a la ley para poder vender energía de origen costarricense en el mercado regional (centroamericano), pues actualmente el único agente autorizado para ello es el ICE.

El legislador manifestó que Costa Rica goza en la actualidad de un sistema mixto muy exitoso, en el que participan el Estado, empresas privadas, cooperativas y gobiernos municipales y que es deseable mantener ese esquema.