En las festividades de la Coronación de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto de 1926, don Ricardo Jiménez, de reconocida raigambre liberal, se hizo presente en Cartago, con miembros de su gabinete. Muchos otros presidentes lo han hecho, sobre todo después de los años cuarenta, cuando el llamado estado liberal llegó a su fin.

Sin embargo, esa presencia de políticos no desvirtuaba el carácter religioso del acto, aunque en no pocas ocasiones la jerarquía de la Iglesia aprovechó el momento para lanzar duras críticas a algunas políticas públicas, que presidentes y funcionarios se veían obligados a escuchar estoicamente, sin poder responder en forma inmediata.

Con la declaratoria de la presidenta Chinchilla como “hija predilecta de María” por parte del Obispo de Cartago, las relaciones entre la iglesia católica y el gobierno se estrecharon, y un catolicismo conservador impregnó la esfera de muchas de las acciones gubernamentales. Dentro de los actos religiosos del 2 de agosto se incluyó un mensaje de la Presidenta y el acto pasó a ser religioso político. Así que no es de extrañar que se considerara “natural”, la lectura del documento de consagración que tanto polvo ha levantado, y con justificada razón.

De acuerdo con el artículo 194 de la Constitución, los funcionarios públicos juran a Dios y prometen a la patria, “…observar y defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes…” de su destino. No juran cumplir con los diez mandamientos. Como funcionarios públicos no pueden pedir perdón por las transgresiones que cometan en contra de ellos. Ese es un asunto personal que cada uno verá como lo hace.

No pueden consagrar a Dios el gobierno de la República y sus instituciones, salvo que hayamos involucionado hacia un estado teocrático o semiteocrático, como El Vaticano, Irán, Israel y otros en Asia y África. Tampoco pueden rehuir sus responsabilidades, dejando en las “manos amorosas” de Dios o de María, el gobierno de la República, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial.

Si cometen transgresiones contra la Constitución y las leyes en el ejercicio de sus funciones, son los tribunales comunes o las instancias correspondientes las encargadas de juzgarles, y ningún tribunal celestial puede eximirlos si ese fuera el caso. Así que sobra la solicitud de perdón.

La religión católica es la de poco más de la mitad de la población, pero quienes encabezan los poderes públicos no pueden olvidar que también representan a esos otros compatriotas que profesan otras religiones o que no tienen ninguna, y que no por eso son ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría.