Los magistrados dictaron la resolución al acoger un recurso de amparo en que el ciudadano Alcides Araya Arce, y el diputado Claudio Monge Pereira (PAC), reclaman al Ministerio de Ambiente el descuido de la reserva de Golfo Dulce.

En su reclamo, los ambientalistas, señalan que la caza ilegal amenaza la conservación de especies como jaguares, manigordos, tepezcuintles, venados, pavones, pizotes, guatusas y mapaches, tanto en la Reserva Forestal Golfo Dulce como en el Humedal Térraba Sierpe.

La denuncia la empezaron a ser pública desde el año pasado ante distintas dependencias del Minae, sin que lograran una respuesta positiva.

La Sala Constitucional tuvo por demostrado que las autoridades recurridas no han “comunicado a los amparados formal acto administrativo, en el que se le haya informado de manera clara y detallada sobre las acciones adoptadas en atención a sus diversas denuncias o sobre el resultado final de las investigaciones realizadas en razón de tales denuncias”.

“La decisión de los magistrados constitucionales ratifica que nuestro ordenamiento jurídico-constitucional garantiza derechos fundamentales como disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como su tutela por parte del Estado”, señaló Monge, quien es subjefe de la fracción legislativa del PAC.

Por su parte, el ministro Castro dijo que la resolución de la Sala IV simplemente le condena a informar sobre las acciones que su despacho ha tomado para proteger la reserva, sobre lo cual no entró en detalles.