La polémica surgió en torno a la vinculación laboral de Elena Jensen, en el Centro Infantil Laboratorio (CIL) y cuyo contenido presupuestario fue aprobado por la Rectoría.

Señaló el Consejo Universitario (CU) que la actuación del rector Jensen no constituye una falta que dé lugar a una medida disciplinaria en su contra, luego de realizar un minucioso análisis del Informe que brindó la Contraloría Universitaria (OCU-R-111-2016) a la luz del Estatuto Universitario.

La conclusión de los académicos es que hay un vacío: “no existe procedimiento ni instancia definida en la normativa universitaria, en virtud de la cual instruir un proceso o calificar de manera alguna la actuación del rector en este caso específico como una falta que dé lugar al inicio de un proceso disciplinario” señala el acuerdo del CU que será remitido a la Contraloría de la UCR.

En la sesión extraordinaria del miércoles anterior, el plenario le solicitó a la Comisión de Estatuto Orgánico que “evalúe la conveniencia de una modificación o adición al Estatuto Orgánico que se ocupe de solventar algunos vacíos que se ha encontrado al analizar el presente caso”, entre los que señala “que se establezca el deber de abstención y otros controles preventivos que promuevan la transparencia y objetividad de las universitarias y los universitarios en el ejercicio de sus funciones”.

Al mismo tiempo, el CU trasladó a la Administración una segunda recomendación del Informe, en la cual “se solicita a la Rectoría formalizar un procedimiento que operacionalice las normas y disposiciones vigentes para la creación y prórroga de plazas temporales con cargo a la partida presupuestaria de “Servicios Especiales” que administran la Rectoría, las Vicerrectorías y otras dependencias universitarias”.

Con base en recomendaciones de la Contraloría universitaria, el Consejo emitió una directriz para que "se indique al señor rector, a todas las personas que ostentan puestos de dirección y a las personas funcionarias de la Universidad, que en adelante, deben abstenerse de firmar, autorizar, ratificar, dar vistos buenos o ejercer el voto nominal en todos aquellos asuntos en que puedan verse beneficiados, de manera directa, parientes hasta en tercer grado de consanguinidad, en aras de salvaguardar los principios de transparencia y probidad en el quehacer institucional”.