Chavarría fue separado de todas sus funciones mientras la Inspección Judicial investiga sus actuaciones, que eventualmente podrian dar lugar a su separación definitiva del cargo, si se llegaran a comprobar las irregularidades.

Aunque la Corte Plena había resuelto a inicios de semana mantener en sus funciones a Chavarría, la presión ejercida por la prensa y diferentes organismos judiciales, condujeron a los magistrados a variar su posición en un voto unánime emitido hacia el final de la tarde de este viernes.

A Chavarría se le acusa de haber ordenado a la fiscal general adjunta, Berenice Smith, solicitar la desestimación de la causa contra Guevara y Morales por no haber indicios de que existiera una comunicación frecuente entre los dos diputados y el empresario Juan Carlos Bolaños, importador de cemento chino, en torno a quien se ha develado una red de tráfico de influencias que involucra a altos funcionarios de los tres poderes.

Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aseguró que había entregado a la fiscalía un informe en que consta que los diputados Morales y Guevara sostuvieron entre 2015 y 2016 alrededor de 800 conversaciones telefónicas con Bolaños. 

Según Chinchilla, un nuevo elemento revelado este viernes fue determinante en la decisión: la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) aseguró que Smith había solicitado la desestimación siguiendo órdenes de Chavarría, con lo cual se desvirtua la defensa del Fiscal General en el sentido de que la fiscal adjunta había actuado sin consultarle.

Chavarría es investigado además por decisiones cuestionadas en otros casos que involucran a poderosos políticos. Uno de ellos es la movilización de cuantiosas sumas de dinero del ex presidente peruano Alejandro Toledo a través de cuentas en el Scotiabank de Costa Rica, así como la desestimción de una causa en contra del ex presidente costarricense Oscar Arias por haber autorizado ilegalmente la operacion de una compañía minera canadiente en la zona norte del país, en el caso conocido como Crucitas.

En torno al caso del cemento chino, también es investigado el magistrado Celso Gamboa, quien presidió la sesión en que la Sala III acogió la solicitud de la fiscal subrogante.

A Gamboa se le señala el haber coincidido en un viaje relámpago a Panamá, aparentemente en compañía de Bolaños, así como el haber acompañado al empresario a revisar en un despacho judicial el expediente de una causa en su contra.