- No estamos soltando a nadie, estamos moviendo gente a un régimen semi-institucional y entre ellos no hay personas acusadas de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, homicidio, violación y otros delitos graves.

- El hacinamiento en las prisiones nos impide desarrollar programas para rehabilitar a los infractores, que en teoría es el objetivo de la cárcel. Lo que hacemos es alimentar una escuela del crimen.

- Tener una persona en prisión cuesta al país unos 1.000 dólares mensuales. Estamos hablando de 14 millones de dólares al mes, 168 millones de dólares al año. Las cifras son alucinantes y los efectos nulos.

Con estas y otras impactantes declaraciones, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, responde en entrevista con Informa-tico.com a las ácidas críticas con que medios de prensa y sectores políticos han reaccionado a la medida de trasladar varios cientos de presos a un régimen más abierto.

Sánchez, quien fue funcionaria judicial durante tres décadas y cuenta con una maestría en Ciencias Criminológicas, asumió el cargo en julio pasado y desde entonces ha centrado su atención en la búsqueda de soluciones al grave problema carcelario del país.

Informa-tico: ¿Podríamos hacer una síntesis del problema penitenciario, que lleva al ministerio de Justicia a tomar medidas?

Tenemos un problema de hacinamiento grave. El sistema tiene capacidad para 9.000 internos y actualmente tenemos más de 14.000. Esto implica que la infraestructura carcelaria se vuelve totalmente insuficiente, aparte de que se trata de una infraestructura ya vieja que no se puede estar remodelando porque los recursos del Ministerio de Justicia no alcanzan.

Esto nos ha provocado denuncias a nivel internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay 18 sentencias de jueces de ejecución de la pena que nos ordenan el cierre técnico de 11 de nuestros 13 centros. Además, hay decisiones de la Sala Constitucional, de acatamiento obligatorio, que nos obligan a tomar medidas.

Nosotros tenemos que respetar el ordenamiento jurídico y parte de eso es respetar las decisiones de los jueces.

¿Cuál es el origen el problema de sobrepoblación?

Ha habido un aumento excesivo del uso de la prisión, tanto en sentencias como en medidas cautelares, cuando hay una gran cantidad de hechos que bien pudieron ser resueltos con una medida alternativa a la prisión.

En promedio, cada mes nos llegan 600 nuevos ingresos y eso ha causado la crisis.

En ese contexto, el Insitituto de Criminología, la Dirección General de Adaptación Social y este despacho nos reunimos y planteamos la necesidad de tomar una medida que tenga impacto en los límites del hacinamiento y que nos permita movilizar gente. Y lo que estamos haciendo es trasladar de un programa institucional (cerrado) a uno semi-institucional (más abierto) dentro del mismo sistema penitenciario.

El programa semi-institucional es una modalidad de control en el cual personas con pena de prisión siguen sometidas al sistema penitenciario pero de manera que no quedan privadas totalmente de su libertad, sino que pueden movilizarse durante el día para estudiar o trabajar y llegan a dormir a un centro. Puede ser, según las capacidades del centro, todos los días, días alternos o solo fines de semana.

Esta modalidad ha existido siempre y siempre el Ministerio de Justicia ha trasladado gente, normalmente se trasladan 200 personas al mes porque si no se egresa gente, el sistema no daría abasto con la infraestructura que tiene.

En el 2013 se trasladaron casi 2.900 personas, solo que no se hizo en un solo periodo, sino paulatinamente. Simplemente estamos aumentando el número de personas que se trasladan.

Existe alarma en la población porque se dice que se está echando a la calle a cientos de delincuentes…

No hay motivo de alarma. Para los traslados al programa semi-institucional se han establecido parámetros muy rigurosos: los candidatos son personas próximas a cumplir su condena, que no tengan causas judiciales pendientes, que no tengan problemas de convivencia, que cuenten con un recurso familiar y con una oferta laboral o educativa.

Estas personas son seleccionadas por los directores de los centros con su equipo técnico, en el que hay psicólogos, educadores, trabajadores sociales, que confirman el perfil de la persona.

Están fueras de esa posibilidad personas vinculadas al tráfico internacional de drogas, al crimen organizado, al tráfico internacional de armas, a trata de personas, homicidios, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, secuestros. Es decir, aquella criminalidad que se considera más peligrosa.

Hasta el momento se han trasladado 570 internos aproximadamente, no sabemos a qué número llegaremos a finales de mes. Las cifras de 1.000 o más son inventos, nunca las ha dado el ministerio.

La medida se suspende en el mes de diciembre porque la mayoría del personal técnico va a tener vacaciones profilácticas en diciembre y eso nos impide hacer los análisis pertinentes.

Esta no es una medida descabellada, lo están haciendo muchos países. Por ejemplo, la semana pasada 6.000 personas fueron sacadas de centros cerrados en California porque el sistema está colapsado. Y lo mismo han hecho países como Chile, Colombia, Italia, porque la sobrepoblación penitenciaria se está convirtiendo en un problema endémico.

De lo que se trata es de establecer un equilibrio en aspectos como respeto a los derechos humanos, posibilidades de reinserción social para las personas, condiciones de hacinamiento y la seguridad de la ciudadanía.

¿Cómo incide la sobrepoblación en el funcionamiento del sistema penitenciario?

La falta de infraestructura carcelaria y de personal técnico necesario no nos permite desarrollar una estrategia de rehabilitación, que en teoría es la finalidad de la pena. Encarcelamos a las personas para someterlas a un proceso de educación, capacitación, de generación de habilidades para que vuelvan al medio libre y sean personas de bien. Eso es el discurso teórico, pero no funciona en la práctica.

No podemos brindar tratamientos; no podemos separar personas violentas responsables de graves delitos, de personas con un perfil bajo de criminalidad que ingresan al centro penitenciario por sustracción de bienes de escasísimo valor.

En el sistema penitenciario hay personas que padecen enfermedades gravísimas, prácticamente en fase terminal, los he visto en las visitas que he hecho a los centros. Estas personas no representan un peligro para la sociedad y nosotros les estamos provocando una condición inhumana, porque no tienen posibilidades de recibir un tratamiento adecuado.

Hay que considerar todas estas situaciones antes de emitir una censura tan fuerte como la que han hecho algunas personas a las medidas que estamos adoptando.

Me parece peligroso generar esas sensaciones de terror, de pánico. Yo comprendo la preocupación de los ciudadanos, hay una criminalidad peligrosa que ha venido floreciendo lamentablemente en los últimos tiempos: narcotráfico, sicariato, pero esas personas no están consideradas para este programa.

Esto nos lleva a otro tema: la necesidad urgente de una política criminal de Estado, que abarque los tres poderes del Estado, que nos obligue a tomar decisiones que impidan que la cárcel sea la única disposición aplicable, sino que haya una serie de posibilidades alternativas.

Eso evitaría también que las personas sean recluidas en una escuela de crimen, que es lo que en muchos casos la prisión se convierte por falta de condiciones para dar tratamientos diferenciados.

Por otro lado, hay penas muy cortas de prisión que tampoco tienen sentido, medidas cautelares a veces de una semana, de diez días. Ingresar a una persona a un centro de atención por un día, por diez días, le hace un daño terrible a la persona y se hace un daño a la economía del país porque, como decíamos, el costo de tener una persona presa por un día anda entre 48 y 50 dólares.

Eso no tiene sentido, son alucinantes las cifras que invertimos en eso y sin ningún efecto, que es lo más lamentable. Si estuviéramos invirtiendo recursos en programas de atención con infraestructuras adecuadas, lo merecería, pero no los tenemos.

Se ha planteado desde los medios de comunicación la necesidad de construir nuevas instalaciones.

Nosotros tenemos un programa de construcción de más cárceles. Sí, claro hay que construir porque tenemos que mejorar la infraestructura y ampliar las capacidades. Pero al ritmo de 600 ingresos al mes, si cien cárceles tenemos, cien cárceles llenaremos.

Por otro lado, creo que la ciudadanía debe de ser consciente de lo que cuesta construir una cárcel. Hoy día, nosotros disponemos de recursos de un empréstito del BID para construir tres unidades productivas, una de ella en Nicoya.

La idea es que los internos puedan trabajar en la producción de artículos agrícolas y que esos productos se vendan en las comunidades vecinas. Ahí lo que vamos a privilegiar es el trabajo, la formación técnica, el estudio, el deporte, la recreación, el encadenamiento productivo de las personas a través de convenios con diferentes instituciones.

Lamentablemente, hay una fuerte oposición de las autoridades municipales que han politizado el tema, planteándolo como un “no a la cárcel” cuando estamos hablando de un modelo totalmente diferente.

Han llegado a decirnos que lo que nosotros queremos es llevarles un botadero de basura. Esto refleja que hay estigmas, prejuicios, desconocimiento de que la persona privada de libertad solo ha sido privada de su libertad pero sigue siendo un ser humano con todos sus derechos y el Estado tiene obligación de brindarle oportunidades.

Que algunos han cometido hechos delictivos de cierta gravedad y que deben estar contenidos, sí estamos de acuerdo, pero también tenemos una gran cantidad de personas que podrían estar en un régimen distinto, mejorando sus condiciones, potenciando sus capacidades para ser mejores personas.