Imagen: Nodal. Minutos antes de que se desatara la represión policial contra los manifestantes indefensos que protestaban pacíficamente contra lo que denuncian como un Golpe de Estado contra Martín Vizcarra. 

Sin embargo, posteriormente, la persecución policial se habría extendido por diversos puntos del Cercado de Lima, como el parque Universitario, la plaza San Martín e incluso vías del Metropolitano. A través de denuncias a RTV y otros medios periodísticos, así como las redes sociales se dio cuenta de una jornada muy represiva.

Incluso, ya en la noche, cerca de las 23:00 horas denunciaron que agentes de la PNP agredieron a manifestantes ya dispersos en las inmediaciones del Instituto de Salud del Niño de Breña, ubicado en la avenida Brasil.

También se reportó que periodistas resultaron heridos, por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas, las cuales fueron lanzadas en grandes cantidades, según denuncias de la ciudadanía.

Así, este tercer día de protesta nacional se vio empañada por hechos de violencia, a pesar de que organismos internacionales, incuida la ONU, pidieron a la gestión actual el respeto al derecho constitucional a la protesta y exigieron que la Policía no realice el uso indebido de la fuerza.

Tal fue la magnitud de esta última que, además, se reportó la presencia de agentes policiales del Grupo Terna, a pesar de que el actual ministro del Interior, Gastón Rodríguez, afirmó que estos no participaron en el resguardo ni intervenciones a manifestantes.

Un video difundido en redes sociales da cuenta que uno de estos agentes, después de que habría sido identificado por los manifestantes en el centro de Lima, realizó disparos al aire para amedrentarlos.

Amnistía Internacional en Perú exige a la Policía Nacional el “cese inmediato de represión”

Durante la Marcha Nacional, realizada este 12 de noviembre, miles de ciudadanos se movilizaron hacia la Plaza San Martín desde diversos puntos de Lima para manifestarse en contra del nuevo Gobierno presidido por Manuel Merino de Lama.

En medio de la movilización pacífica, sin embargo, se produjo más de un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y manifestantes. Un hecho frente al cual la Aministía Internacional en Perú decidió pronunciarse.

A través de su cuenta de Twitter, dicha organización envió un mensaje en el que invocó el término de la violencia en la marcha. “Amnistía Internacional exige a las fuerzas del orden el cese inmediato de la represión a la manifestación pacífica que se realiza en el Centro de Lima”, publicaron.

Las movilizaciones sociales que vienen produciéndose los últimos cuatro días son fruto de la decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia y designar como nuevo mandatario a Manuel Merino.

IPYS TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció la noche de este jueves sobre el accionar de la Policía Nacional durante las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino, que dejó tres periodistas heridos.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el IPYS indicó que un camarógrafo de Canal N, Alonso Balbuena de Ojo Público y Ernesto Benavides de la agencia AFP en Español fueron heridos durante las manifestaciones.

Según precisaron, los policías reaccionaron de forma brutal y desproporcionada contra los manifestantes y periodistas, a quienes dispararon directamente en las protestas registradas en el cercado de Lima.

Ante esta situación, desde el IPYS realizaron un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior para que respondan por el accionar de la Policía Nacional.

ONU: Estamos recibiendo “información inquietante” sobre las protestas en Perú tras la vacancia presidencial

El representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, afirmó este jueves que Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica. En ese sentido, aseveró que su Oficina está recibiendo “información inquietante” en el marco de protestas ocurridas en el país, tras la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

La ONU Derechos Humanos llamó a las autoridades peruanas a asegurar que no se interpongan obstáculos que puedan restringir arbitrariamente el derecho a la reunión pacífica.

“La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, manifestó Jarab.

El Representante aseguró que “nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.

Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención y la notificación a sus familiares.

SOBRE LA DETENCIÓN DEL ABOGADO DE LA CNDDHH

En particular, preocupa a ONU Derechos Humanos la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, quien estuvo privado de libertad por 17 horas.

Para Jarab, “con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”.

También consideró alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación mientras desempeñaban su labor en medio de las protestas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas. El Representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger el rol de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales.

Además, para la ONU Derechos Humanos resulta problemático el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria. Su Representante aseguró que “no se puede mantener suspendido de forma permanente un derecho fundamental sin considerar medidas que permitan ejercerlo, cumpliendo con los requisitos sanitarios”.

Jarab concluyó exhortando a las personas que desean manifestarse a ejercer este derecho siempre de manera pacífica. “La Oficina Regional continuará dando seguimiento a la situación y comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos en el país”, dijo.