Los autores del proyecto de Ley del Agua alertaron este viernes sobre las circunstancias irregulares en que es convocado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, al filo del receso electoral, y con un ingreso a la Comisión de Ambiente acompañado por un texto sustitutivo que dista mucho del carácter del proyecto original para asegurar el agua como un bien público y un derecho humano.

Los ambientalistas reaccionaron ante la alerta que lanzaron los diputados José María Villalta, también candidato presidencial del Frente Amplio y Claudio Monge Pereira del Partido Acción Ciudadana (PAC) y se hicieron presentes en la Comisión legislativa de Ambiente para denunciar la maniobra.

La presión hizo que la presidenta Laura Chinchilla lo desconvocara casi inmediatamente pero al mediodía del viernes se afirmaba en corrillos de la Asamblea Legislativa que sería convocado otra vez el próximo lunes.

En términos estrictos, los proyectos que entran al Congreso por iniciativa popular cuentan con un plazo de dos años para ser aprobados, que estaría por cumplirse este lunes 16 de diciembre a la medianoche, pero como el Ejecutivo no lo había convocado podría interpretarse que su trámite se quedaría para el regreso del receso electoral, en febrero próximo.

La Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) ha señalado que existen varias diferencias incompatibles del texto sustitutivo presentado por los diputados del PLN con el proyecto original que es avalado por 170.000 costarricenses.

Resaltan que el texto oficialista no define una rectoría para el agua, da privilegios a la cámara empresarios que comercializan y lucran con el agua, quita potestades a las comunidades y las Asadas para el cuidado de las fuentes de agua potable comunales, elimina la declaratoria del agua como un bien público y omite el acceso al agua potable como un derecho humano.

Denuncia de ANDA

En un comunicado las organizaciones defensoras del agua afirman que “tras el intento del Poder Ejecutivo de someter a discusión legislativa un texto sustitutivo del proyecto de ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, integrantes de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) se mantendrán alertas para evitar que se apruebe alguna otra propuesta que atente contra su protección y acceso”.

Rolando Castro, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y vocero de ANDA, manifestó preocupación por las circunstancias que rodean la discusión de esta propuesta, que llegó al Congreso por el mecanismo de iniciativa popular, luego de que se recolectaran cerca de 170.000 firmas.

“Utilizamos el mecanismo (de iniciativa popular) como una forma de participación e incidencia política, para lograr que Costa Rica contara con una ley moderna y muy necesaria. Cuatro años después, estamos corriendo para que esta ley se pueda elevar al Plenario; hemos tenido diálogos y consensos, que fueron burlados por el Ejecutivo”, aseguró el dirigente.

“Trataron de meter el texto sustitutivo a la fuerza. Fue una sorpresa y casi una burla a los esfuerzos que se habían hecho para buscar consenso con diferentes sectores. Lo que queda es estar vigilantes, buscar que dentro de la Asamblea Legislativa se den las condiciones para que se apruebe el proyecto más viable”, resaltó Castro.

Por su parte, Yamileth Astorga, coordinadora del Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa Rica (ProGAI), señaló que el texto impulsado por el Poder Ejecutivo no responde ni al proyecto de iniciativa popular ni a los esfuerzos de los grupos y personas que han trabajado por varios años en este tema.

El proyecto de ley de aguas pretende que el Ministerio de Ambiente sea la entidad rectora en el área, mientras que el texto sustitutivo plantea que la dinámica se mantenga como está actualmente, y que haya muchas entidades encargadas de manejar el agua desde sus respectivas competencias.

El prestigioso abogado ambientalista Álvaro Sagot, aseguró que se trata de “una nueva jugarreta de Liberación para desvirtuar la participación ciudadana” y agregó que “la burla y el cinismo llega al extremo de que el texto que se somete no es el del proyecto convocado por la sociedad civil, presentado mediante el mecanismo de iniciativa popular desde el 2010 y que por turno le correspondía, sino el que interesa ciertos políticos.

Sagot lamentó que esta maniobra “es una clara actitud de un gobierno despótico y borracho de poder”.

El proyecto de Gestión Integrada del Recurso Hídrico busca actualizar la legislación vigente, que data de 1942 y está obsoleta. Además, tiene como objetivo garantizar el acceso del agua en cantidad y calidad para las generaciones presentes y futuras.