La policía judicial allanó las oficinas de la Municipalidad de este cantón limonense, así como las viviendas de estas tres personas con el fin de hallar elementos que eventualmente pudieran probar los hechos acusados.

La Fiscalía explicó que desde noviembre pasado se investigan irregularidades en el otorgamiento de permisos en la Municipalidad de Guácimo y, en este caso específico, un aparente tráfico de influencias.

Según la versión oficial, Barboza solicitó un permiso de servicio de agua potable para un desarrollo urbanístico el 1 de noviembre anterior, el cual rechazó el Instituto de Acueducto y Alcantarillados por no cumplir con los requisitos necesarios.

El empresario habría traspasado la propiedad a una Sociedad Anónima que volvió a gestionar el permiso. Al parecer, Fuentes y Mejías habrían citado a una reunión al un funcionario de AyA para tratar de influir en la decisión a favor de la empresa.

La Fiscalía adelantó que solicitará medidas cautelares para las personas investigadas, pero no precisó la naturaleza de dichas medidas.