Este lunes se hizo pública una nueva encuesta de la empresa Enfoques que le otorga a Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), un 52% de intención de voto para las votaciones del 3 de abril, frente a un 30,9% de Figueres.

Un sondeo de la misma empresa, el mes pasado, daba a Chaves un 45,6% y a Figueres un 32,5%. Sin tomar en consideración el margen de error que es de 3,4%, en las últimas semanas, Chaves habría aumentado su ventaja en 8 puntos porcentuales.

Este último sondeo se efectuó entre el 8 y el 12 de marzo, por vía telefónica.

De acuerdo con el estudio, un 27% de los seguidores de Chaves se inclina a favor de su candidatura porque no quieren que Figueres sea el próximo presidente, en tanto que al 19% lo motiva la posibilidad de que haya “un cambio”.

Esto significa que, con leve diferencia de matices, el 46% apoya a Chaves porque rechaza a Figueres.

Las cifras son coincidentes con las de otras encuestas, que reflejan una amplia ventaja de Chaves sobre Figueres, cercana al 20%.

Si nos atenemos a los resultados de los sondeos, la estrategia del PLN de llamar a la gente a votar a “favor” y no “en contra” ha sido absolutamente ineficaz, porque no se enfoca en la cuestión de fondo que son las dudas que permanecen entre la población acerca de la ética de su candidato.

Al aspirante verdiblanco le persigue la sombra del escándalo Alcatel-ICE que se destapó en 2004, por haber recibido un pago de poco más de 900.000 dólares de la transnacional francesa, por una supuesta asesoría cuya existencia real ha estado en duda desde entonces.

Alcaltel-Lucent ha sido condenada, en Estados Unidos y en Francia, por el pago de sobornos a políticos costarricenses con el fin de lograr la aprobación de un contrato de 149 millones de dólares para la compra de líneas telefónicas con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Figueres ha dicho que el pago que recibió fue por una asesoría brindada a Alcatel a través de la sociedad HF DISA, propiedad de Roberto Hidalgo, quien había trabajado en el gobierno de Figueres entre 1994 y 1998. El contrato de HF DISA y Alcatel fue por 2,7 millones de dólares, que se distribuyeron por partes iguales entre Figueres, Hidalgo y Carmen Valverde, exsecretaria general del PLN.

Aunque los expresidentes socialcristianos Miguel Angel Rodríguez y Rafael Angel Calderon Fournier fueron involucrados en el escándalo, Figueres nunca fue indagado por la Fiscalía ni procesado por estos hechos.