Chinchilla, admitió que los beneficios que reciben los funcionarios judiciales en sus pensiones no son coherentes con el principio constitucional de igualdad definido en el artículo 33 de la Constitución Política.

El Poder Judicial solicitó un estudio al equipo de actuarios de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, en el que presentaron varios escenarios para salvar el fondo de las pensiones judiciales. De acuerdo con lo expresado por Chinchilla, los escenarios 3 y 4 del estudio actuarial de la UCR serían la opción para terminar con los beneficios desproporcionados y salvar el fondo de pensiones.

“Ante mi pregunta de si es o no coherente con el principio constitucional de igualdad el hecho de que el régimen de pensiones del Poder Judicial no tenga un tope para evitar las pensiones de lujo, el señor Magistrado aseguró que no es un trato igualitario para toda la población” puntualizó la diputada oficialista, Marcela Guerrero.

En un resumen del Estudio Actuarial de la UCR que presentó el presidente de la Corte Suprema ante los diputados, se señalan varios ítem como las principales causas de la crisis del fondo de pensiones.

Mala Administración. La Corte aprobó otros beneficios en el régimen como el llamado “2x1”, la “Regla Cuarta” y el Índice Salarial de Alta Gerencia. Ambos beneficios han sido parte de la mala administración del régimen que ocasionó el hueco financiero.

Sobre el 2x1: Permite reducir la edad de jubilación a 55 años descontando un año de edad para jubilarse por cada dos años de servicio para quienes tenían dos años de laborar en el Poder Judicial en el momento de aprobado este beneficio (año 1992). Desde setiembre del año pasado, la Auditoría Judicial advirtió que 641 empleados se jubilaron, entre el 2010 y el 2015, y no tenían la edad mínima de retiro (55 años), ni 30 años laborados, o ninguna de las dos condiciones.

Sobre la regla 4ta: A partir de un acuerdo de Corte Plena que permitió a los trabajadores la jubilación anticipada a los 55 años de edad y con un monto de pensión equivalente al promedio de los últimos 12 salarios, un acuerdo tomado sin ningún sustento técnico. Esta norma ha permitido el pago de más de 4 mil millones en pensiones a empleados que recibieron beneficios de jubilación a los cuales no tenían derecho.

La diputada Guerrero, sobre estas medidas que “queda constancia de la mala administración por parte del Consejo Superior y de la Corte Plena, considerando los daños que le han causado al fondo de pensiones el índice gerencial, la regla 4ta y el 2x1”.

Incentivo Salarial de Alta Gerencia. La diputada también cuestionó al Magistrado Presidente sobre su voto a favor del incentivo salarial denominado Índice de Alta Gerencia, pues él mismo recibe dicho beneficio salarial que es un privilegio salarial financiado con fondos públicos.

Luego de apuntar lo anterior al magistrado Chinchilla, la diputada anunció que sobre este tema realizará la consulta pertinente ante la Procuraduría de la Ética, cuestionando el deber de probidad del Presidente de la Corte según lo establecido en los artículos 45 enriquecimiento ilícito y 48 legislación o administración en beneficio propio de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Escenario 3 y 4 del estudio actuarial de la UCR

Durante la comparecencia del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, quedó claro que los escenarios 3 y 4 del Estudio Actuarial de la Universidad de Costa Rica, denominados como IICE3 y IICE4 serían la opción para terminar con los beneficios desproporcionados y salvar el fondo de pensiones. Al finalizar su intervención Chinchilla afirmó que el Poder Judicial va a acatar las recomendaciones y medidas de este Estudio y reiteró la buena disposición que existe para salvar el fondo de pensiones.