El analista considera positivo un leve crecimiento de la carga tributaria con respecto al año pasado, el crecimiento real en los rubros de inversión social (educación, salud y seguridad), así como en obras de infraestructura.

Lo negativo sigue siendo la parte relativa al pago del servicio de la deuda, que consume el 33% de los recursos presupuestarios, afirma González.

El siguiente es el texto del analista:

“El Presupuesto Nacional es quizás el proyecto de ley más importante que debe aprobar la Asamblea Legislativa cada año, para el 2017 representa una autorización de recursos cercana al 27% de la producción anual del país, pero más que eso, es la garantía de recursos para la operación del Estado en áreas tan importantes como educación, salud y seguridad. El Presupuesto que entrará a discusión en el pleno del Congreso en las próximas semanas, contiene variaciones importantes con respecto al de 2016, veremos algunas.

Pero antes de entrar en materia, un breve comentario sobre los ingresos para financiarlo. Este año, la Contraloría General de la República estima que la carga tributaria en 2017 será del 13,5% del PIB, levemente mayor a la que certificó para el presupuesto 2016. Esto habla bien de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda por aumentar los ingresos tributarios, en particular del impuesto sobre la renta, el cual ha venido acrecentando su importancia relativa de forma significativa.

Volviendo al plan de gastos, entre los aspectos más relevantes de la propuesta para el 2017 está, en primer lugar, su aumento anual cercano al 12%, aun cuando la inflación ha sido muy baja, lo cual es llamativo pues el que se presentó el año anterior tuvo un crecimiento casi nulo (0,54%). 

El aumento se explica por el sospechoso de siempre: el servicio de la deuda. Este componente comprende el 45% del aumento en el presupuesto y, sin el mismo, el aumento sería de 6,4%.  De hecho el servicio de la deuda (amortización, intereses y comisiones) ya representa el principal título presupuestario, pues consume casi el 33% de los recursos.

Lo anterior es negativo, no porque endeudarse sea malo (la mayoría de las personas debemos endeudarnos para adquirir activos e inversiones indispensables), sino porque muestra una grave inconsistencia entre las obligaciones que la sociedad le asigna al Estado y los recursos que le brinda para cumplirlas. El Ministerio de Hacienda estima que el Presupuesto Nacional llevará el nivel de deuda del gobierno central respecto del PIB del 45% al 50% el próximo año. Esta tendencia no podrá continuar por mucho, una crisis la detendrá si no hacemos algo al respecto.

En segundo lugar, a pesar de la precaria situación fiscal, se mantiene el crecimiento real en servicios públicos con función social, económica y gasto de capital. Aunque mucho se puede hacer en términos de eficiencia, bien podría decirse que los rubros apuntados corresponden más bien a inversiones que a gastos. Como las 1.500 plazas adicionales en educación, 184 de policías y los más de ¢14 mil millones en fondos destinados a la Banca para el Desarrollo.

Mención particular merece el gasto en educación, en particular el presupuesto para la educación superior (conocido como FEES), que ha sido objeto de críticas por diversos analistas. Al respecto es importante considerar que por mandato constitucional no es posible reducir el presupuesto en relación con el Producto Interno Bruto en dicho rubro, y que todavía no se cumple la meta del 8%. Meta distante al 12% que le destinan los países de la OCDE. Más aún, como han dicho economistas de la talla de Joseph Stiglitz y Thomas Pikkety, y confirman los estudios, la educación es el mecanismo más efectivo para reducir desigualdad, pobreza y promover el crecimiento económico. Además el FEES no le está quitando recursos a nadie, como veremos, se están aumentando los recursos a seguridad e infraestructura.

Por su parte, resulta llamativo el crecimiento en el gasto de capital (+26%) - el más alto de los últimos cinco años-,  explicado por los recursos destinados a proyectos de infraestructura como la extensión de las rutas 32 y 257 y recursos para que el INCOFER finalice los estudios para estructurar el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros y mejore los servicios del actual.

En tercer lugar, a pesar de los problemas fiscales, seguimos con la mala práctica de establecer nuevas obligaciones, sin fuente de ingreso. Ahí caen los “¢79.777 millones para transferir a las Municipalidades en atención de la Ley N°8114 y a la Ley Especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal... ¢2.289 millones para dar cumplimiento a las nuevas competencias otorgadas al Ministerio de trabajo al entrar en vigencia la Reforma Procesal Laboral”, entre otros.

Finalmente, también es llamativa la disminución en la participación relativa del componente de remuneraciones dentro del gasto corriente, que tradicionalmente era el principal, ahora ocupado por el rubro de transferencias. La razón, el escaso aumento proyectado en los salarios del sector público, así como la contención en la contratación en los últimos años. Según la última Encuesta Continua de Empleo del INEC, el empleo público alcanza 260.723 personas, una caída interanual de más de 7%, y el nivel más bajo registrado desde que se realiza tal encuesta (2010)”.