Los representantes nicaragüenses afirmaron que, tras tener conocimiento de los hechos, las autoridades ordenaron el retiro inmediato de personal y equipo de la zona en conflicto.

Con este argumento, Nicaragua intenta convencer a los jueces de la Corte de que la causa por la cual Costa Rica pidió medidas audicionales ya no existe y, por lo tanto, no procede emitir un nuevo fallo de medidas cautelares.

Esa fue la estrategia jurídica seguida por los abogados de Nicaragua en el segundo de cuatro días de audiencias de la CIJ para conocer la petición costarricense.

El miércoles le tocará a los representantes de Costa Rica responder a estos argumentos y el país mantendrá la posicion de que Edén Pastora es un funcionario del gobierno de Nicaragua y que alegar desconocimiento de lo que ocurría no exime a NIcaragua de responsabilidad en los daños causados al humedal de isla Portillo, explicó Urbina.

Por su parte, la vicecanciller costarricense y delegada ante la Corte dijo que la “abrumadora evidencia aportada por Costa Rica fue el factor determinante para obligar a Nicaragua a admitir la reiterada violación de la soberanía e integridad territorial costarricense”.

La CIJ, que es la corte internacional de las Naciones Unidas, llamó a ambos países a audiencias del 14 al 17 de octubre a petición de Costa Rica, que ha solicitado medidas cautelares adicionales, a raíz de las nuevas incursiones de Nicaragua en isla Portillos.

Ya la Corte había ordenado despejar el área en litigio en marzo de 2011, como una medida preventiva para evitar el agravamiento del conflicto, pero esa disposición nunca fue cumplida por el gobierno de Nicaragua, que ha estado alentando el ingreso de activistas y la realización de trabajos lesivos al delicado equilibrio ecológico de la zona.