En la resolución del martes de esta semana,  SETENA revela aspectos de primera importancia para las obras de ampliación y mejora de la Ruta 32 a Limón, que fueron omitidos, en otros la información es insuficiente o ilegible y no se tomaron en cuenta o falta aclarar sobre el traslado de instalaciones de servicios públicos que van a ser afectadas, si la reubicación va a estar a cargo de las instituciones o del CONAVI y cuáles serán los costos.

La advertencia sobre las irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental (EdIA) de la Ruta 32 por parte de la Federación Conservacionista Costarricense -FECON- se produce luego de conocerse la resolución de SETENA.

El presidente de FECON, Mauricio Álvarez, puntualizó que los errores van desde consultores ambientales no inscritos, vistos buenos municipales, de áreas de conservación o de disponibilidad de servicios básicos para realizar las obras, inexistentes o defectuosos hasta la omisión de estudios sobre impactos a comunidades por la afectación a acuíferos de varias ASADAS y el costo actualizado de la totalidad de las obras.

FECON brindó un informe de los aspectos más relevantes y “preocupantes” que puso en evidencia el estudio de la SETENA.

La resolución de la Secretaría Técnica del 11 de octubre señala que: “En el presente caso, el grupo de Analistas Ambientales de la SETENA, ha detectado que el EsIA presentando por el CONAVI y la empresa CDG Enviromental Advisor, no cumple con los términos de referencia establecidos Resolución № 2813-2012-SETENA. De lo anterior, se han detectado deficiencias de forma y fondo, así como la omisión de estudios de carácter relevante como: geotecnia y el componente social, para determinar la viabilidad (Licencia) ambiental del proyecto”.

Agrega la resolución: “Falta información en el EsIA, las copias del EsIA son diferentes a su original, información distinta en formato digital y la versión impresa y la documentación no acorde con los términos de referencia fijados por la SETENA, ha impedido que esta Secretaría realice un exhaustivo análisis y revisión de la documentación correspondiente”.

Para poder aprobar la evaluación ambiental, SETENA pidió a la empresa China Harbour Engineering Company (Chec), un anexo con nueva información y le dio un plazo máximo de 6 meses para presentar los estudios y documentos solicitados sobre la construcción de la Ruta 32.

Otro de los temas de preocupación que ronda este proyecto en términos legales, señala FECON, es el costo que implicará, por ello SETENA solicitó actualizaciones del monto global de inversión dado que el presentado no cumple con los requerimientos por lo que les solicita presentar “certificación original o copia certificada por un abogado sobre el monto de inversión global de la actividad, obra o proyecto aquí planteada, que incluya el monto de las erogaciones por compra de terrenos (valor del terreno), construcción de instalaciones, caminos de acceso, obras de electrificación, agua potable e industrial, compra de maquinaria y equipo, personal calificado y no calificado”.(Contenidos en los apartados del 5.1.1 al 5.1.10).

Para el presidente de FECON, Mauricio Álvarez, no solo hay deficiencias en aspectos técnicos como en la documentación, por falta de legibilidad de los mapas, falta de información y claridad en los datos.

“Por ejemplo, dijo, falta lo más básico como aportar el diseño de sitio de la carretera, pasos de fauna, escombreras, puentes, planta de asfalto y concreto, campamentos, quebrador u otros componentes que contemple el proyecto” (Contenidos en el apartado 5.2.3.).

“Hay muchas otras omisiones en los aspectos biológicos, forestales, geológicos, hidrológicos y en aspectos conceptuales y generales deficientes, incompletos y omisos de la evaluación ambiental” aseguró Álvarez.

Un aspecto “de gran preocupación” sobre el que han alertado ecologistas (FECON, 24 -2-2015 y  FECON 17-2-2015) es “la presencia de acuíferos, gran cantidad de ASADAS con sus tomas de agua y nacientes que serán afectadas por la Ruta 32,  sin embargo parece que este aspecto fue omitido por la compañía”.

Al respecto, SETENA exigió presentar un nuevo mapa hidrográfico y resaltar los cuerpos de agua que puedan ser potencialmente afectados por el proyecto según lo estipulado (apartado  5.3.1), señaló Álvarez.

Otro aspecto que se presenta polémico, es la reubicación de servicios públicos y expropiaciones de terrenos sobre lo que SETENA pide aclaraciones en su reciente resolución, del 11 de octubre.

El texto de dicha resolución puntualiza que: “no se realizó un análisis sobre los impactos que van generar en el proyecto. Es fundamental, que se realice la respectiva evaluación sobre la afectación que va a provocar a los propietarios de comercios, viviendas, entre otros (…). Asimismo, debe considerarse en el análisis, la reubicación de los servicios públicos e impactos ambientales que va generar, como las medidas ambientales propuestas. De igual forma, es relevante definir quién llevará a cabo este proceso, si CONAVI, o cada una de las instituciones involucradas (aclarar). En caso de que le corresponda a cada entidad asumir el traslado de los distintos servicios, deben determinarse y cumplirse, por parte de estas instituciones, las medidas ambientales que sean propuestas, para esto el desarrollador como responsable debe velar que se garantice su cumplimiento” (apartado  5.6.12).

(*Resolución completa : https://www.setena.go.cr/docs/RESOLUCIONES%20COMISION%20PLENARIA/2016/RES-1892-2016.pdf)