Por Katalina Vásquez Guzmán

Medellín, Colombia. Este organismo, JEP, forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación pactado en el sufrido Acuerdo de Paz y que se firmó primero en La Habana, luego en Cartagena y, más tarde y modificado tras perder en las urnas, en Bogotá. De 38 magistrados elegidos, el presidente Juan Manuel Santos posesionó a 30, según él mismo dijo, que harán parte “de un sistema de justicia para la paz que hará historia, no solo en nuestro país sino en el mundo entero”.

Ayer fue registrado en el Palacio de Nariño como “un día muy especial para el avance en la garantía de los derechos de las víctimas de nuestro conflicto” y “para seguir cicatrizando las heridas que nos dejaron más de medio siglo de guerra interna”. También con alegría recibieron la noticia en las zonas donde el conflicto no es cosa del pasado. Tumaco, la ciudad donde más homicidios se cometieron en Colombia en el último año, está a orillas del mar Pacífico y sus líderes sociales como sus jóvenes, ex combatientes de FARC, sindicalistas, entre otros, acaban de ser amenazados una vez más por las Autodefensas Gaitanistas que aseguran que no permitirán que esta “falsa paz” rinda frutos. Desde el epicentro de la guerra, Carmen Olaya le cuenta a PáginaI12 que el anuncio del posesionamiento de la JEP les llena a las víctimas de alegría y esperanza.

“Para nosotros como víctimas es algo muy bueno, porque se va a poder conocer parte de lo que pasó, y esas personas que hicieron daño van a poder pagar de alguna manera, con trabajo acá en el campo por ejemplo, lo que hicieron”, relata la mujer quien coordina la Mesa departamental de víctimas de Nariño, al Sur de Colombia, donde las disidencias de las FARC y las rentas del narcotráfico tienen casi en guerra civil a la población urbana y rural de Tumaco. Allí se encuentra la mayor parte de los cultivos de hoja de coca de Colombia y la salida al oceáno Pacífico así como la frontera con Ecuador han hecho de la zona un caldo de cultivo para la criminalidad, la corrupción y la cultura del dinero fácil donde quienes han defendido el Acuerdo de Paz han llevado la peor parte.

Para Carmen, que ha sufrido por cuenta de los grupos armados al igual que todo su pueblo con las voladuras de oleoductos, la contaminación del mar, los desplazamientos masivos, secuestros y otros protagonizados por las FARC, la JEP es una luz que se enciende en estos días oscuros. ¿Por qué otras personas que no han vivido la guerra se oponen a esta justicia y exigen que los ex guerrilleros vayan a la cárcel mientras las víctimas celebran? Olaya, mujer afro de unos treinta años, le explica a este diario que “el que no ha vivido la guerra no puede tener la misma visión.

Para nosotros es muy importante que esta gente vuelva a la sociedad, y que nos reparen, en vez de que se queden delinquiendo”, y se pregunta cuántas personas hay en las cárceles “y de qué nos ha valido eso, de nada; allá siguen delinquiendo y salen con más odio a seguir haciéndonos daño a nosotros los más humildes”.

La polémica Jurisdicción Especial de Paz ya cuenta con un edificio en Bogotá donde además funcionará la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, cuyos funcionarios aún no se posesionan pues no hay presupuesto ni instituciones creadas por el Estado para ello a pesar de que ya fueron elegidos sus integrantes. En la JEP funcionarán tres salas, una para Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad; y una más para definir las Situaciones Jurídicas y otra de Amnistía o Indulto.

Además, la JEP contará con un Tribunal de Paz donde estarán 20 de los magistrados. Allí será donde los ex combatientes de las FARC y agentes del Estado que se acojan a esta justicia especial ofrezcan sus verdades y reciban sus sanciones que, en ningún caso según el Acuerdo de paz, será cárcel a menos que incumplan con ofrecer la verdad o con cualquier compromiso pactado.

Para Carmen Olaya “que los guerrilleros que se acogieron al Acuerdo vayan a aportar la verdad ante estos magistrados, va a ser muy bueno para las víctimas, y si no lo hacen tendrían que pagar una pena normal. Porque lo que pasó ya pasó, no lo podemos volver atrás. Nadie nos podrá pagar lo que hemos sufrido. Pero conocer lo que pasó y porqué pasó nos va a ayudar a superar un poco, porque más sufrimiento, más armas, no queremos más. En cambio si después de la JEP ellos vuelven acá a resarcir el daño, eso es bueno para todos, claro, aunque hay muchos que no les va a convenir que se sepan cosas”.

En Bogotá Santos hizo un llamado a los magistrados posesionados ayer -los demás están en cargos públicos y podrán hacerlo más adelante- que son los llamados a ayudar a consolidar la paz con un sistema de justicia transicional que el mundo entero estará analizando agregando que, contrario a lo que pregonan los enemigos del Proceso, la JEP no será un espacio de impunidad. Se espera que al menos unos 6 mil acudan a este organismo cuya secretaría inició hace un año.