Soto expuso su posición ante los legisladores.

Dichas reformas constituyen un retroceso en el esfuerzo por desarmar a la delincuencia, un factor que contribuyó de manera decisiva en la reducción del número de homicidios que registró el país el año pasado.

 

“No se trata de desarmar a la ciudadanía, sino de bajar los homicidios”, manifestó el jerarca, al señalar los puntos álgidos de la reforma recomendada por la comisión legislativa.

Un comunicado del Ministerio de Seguridad pública puntualiza dichos aspectos:

 

1. “Mediación de un juez en los procesos judiciales para cancelar permisos de portación de armas a personas con antecedentes criminales (Moción #10 Proyecto 20.509 modificación al artículo 7): Actualmente se pueden cancelar permisos vía administrativa, lo que agiliza procesos e impide que criminales puedan obtener armas de fuego y permisos de portación. Con la nueva moción se corre el riesgo de que los procesos sean lentos y abre el portillo para que criminales mantengan armas en su poder.

 

2. Tres armas por persona (Moción #38 modificación Proyecto 20.509 al artículo 23): Esta moción no permite los controles deseados a empresas de seguridad privada y amplía la cantidad de armas de fuego que puede tener cada persona, según el proyecto original. La propuesta del Ministerio de Seguridad es más ambiciosa, busca que se limite a un arma por persona y establece controles para impedir que las armas legales pasen al mercado ilícito.

 

3. Obligación de un espacio de almacenaje de armas (Moción #45 Proyecto 20.509 modificación al artículo 51): Incluye la obligación de tener espacios para almacenar las armas de fuego que porten quienes visitan lugares comerciales. Esto representa un peligro ya que pueden ser sustraídas en caso de no existir un sitio seguro donde tenerlas.

 

4. Debilita la omisión de reporte (Moción #13 del Proyecto 20.508, modificación al artículo 88 ter): La redacción es débil en contemplar la posibilidad de sanción para las personas a quienes les es sustraída un arma y no presentan la denuncia correspondiente”.

 

El ministro hizo un llamado a los diputados para que revisen las mociones aprobadas, con el objetivo de que el proyecto que llegue a votación en el plenario resguarde la seguridad de los costarricenses.

 

“El expediente 20509 tal y como fue planteado originalmente no afectaba a los tenedores responsables de armas. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad nos oponemos completamente al proyecto con las mociones aprobadas ayer, pues impiden continuar generando resultados positivos en materia de seguridad y reducción de homicidios” afirmó Soto.

Las estadísticas muestran que casi el 40% de las armas incautadas a delincuentes provienen del mercado legal, es decir, son armas legalmente inscritas pero que fueron a parar a manos del crimen organizado.

 

Diputados del PAC apoyan posición de Soto

 

La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) pidió a los diputados de otros partidos que consideren la necesidad de volver a la redacción original del dictamen de los proyectos para regular eficazmente las armas de fuego y el combate al crimen organizado.

Dicho proyecto, en su forma original, es congruente con la vocación pacifista y de desarme de Costa Rica y acorde también con la potestad del Estado de proteger a la ciudadanía, opinaron los legisladores oficialistas.

la potestad del Estado de proteger a la ciudadanía y a lo que se suma la posición técnica del Ministerio de Seguridad Pública.

“Entre mayor cantidad de armas, hay más violencia y delincuencia. Redujeron los controles, la necesidad de renovar la licencia cada 4 años, la obligación de reportar cuando un arma se pierde y otros aspectos urgentes. Nosotros vamos a realizar los esfuerzos necesarios para volver a la versión original”, destacó el diputado del PAC Enrique Sánchez.