Imagen. Ilustración tomada de Google. 

El tema se puso en la mesa desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, enemigo de los tiburones, cuando pretendió abrirse la captura “regulada” de tiburón martillo mediante un Decreto Ejecutivo que imponía como autoridad científica para aprobar permisos de comercialización-exportación a INCOPESCA. Dicho decreto fue impugnado por grupos ecologistas con el respaldo de la Sala I, que impidió su entrada en vigencia.

Sin embargo, la sed de carne de algunos comerciantes de baja racionalidad vuelve a poner las instituciones a su servicio para establecer otra vez la reglamentación vía Decreto, en la que incluyen especies amenazadas de extinción en las listas comerciables, dándole autoridad científica a INCOPESCA, a pesar de su evidente interés en la comercialización de especies marinas más que en conservar, además de sus ampliamente reconocidas limitaciones y negativas para desarrollar estudios científicos.

El gobierno llevó adelante una supuesta consulta entre el 16 de diciembre y el 7 de enero como estrategia para evadir manifestaciones de carácter científico. La organización MarViva ha denunciado que esta táctica ha impedido pronunciarse a las universidades y al Colegio de Biólogos respecto a un tema científico claramente de su incumbencia. La Ministra de Ambiente Andrea Meza criticó que sólo se publicara en el Sistema de Control Previo del Ministerio de Economía y que no se convocara a autoridades a ambiente a audiencia.

-- En peligro de extinción –

El tiburón martillo es una especie cuya población decayó drásticamente en años por su captura para mercados asiáticos que demandaron sus aletas, al punto de llegar a declararse en peligro de extinción con los parámetros utilizados de UICN, que se ha referido a una caída de hasta el 90% de la población.

El SINAC prohibió su pesca y comercialización en el país desde el año 2015, luego de que Costa Rica liderara su inclusión en 2013 en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Federación Ecologista (FECON) se une a la exigencia de los grupos defensores del mar para que sea el SINAC quien tenga la rectoría para la aplicación del Convenio CITES, protegiendo las especies amenazadas y que sea un Comité Científico Especializado con participación de las Universidades Públicas el que fiscalice medidas estrictas contra la pretendida continuidad de la comercialización.