El dictamen que fue comunicado al representante legal del líder indígena asesinado, Oscar Retana Montenegro, abogado de la familia Rojas Lázaro, por el Juzgado Penal de Buenos Aires, este viernes, ordena continuar los actos investigativos en torno al homicidio de Sergio Rojas Ortiz.

Rechazando de manera contundente la “solicitud de desestimación” planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia para conocer los argumentos de la Fiscalía y del representante legal de Rojas Ortiz, se realizó el 3 de diciembre de 2020.

El Tribunal Penal fundamentó la resolución en “que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal”.

“La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica” dice la resolución del juzgado penal.

“La expresión “debida diligencia”, explica el tribunal, se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156).

El pedido de desestimación generó el repudio de organizaciones sociales y organismos defensores de los Derechos Humanos costarricenses e internacionales como es el caso de las Naciones Unidas que emitió un comunicado dirigido al gobierno de Costa Rica para que garantice la administración de justicia pronta y cumplida en el caso de los homicidios de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, asesinados a sangre fría dentro de los territorios protegidos de Salitre y Térraba, respectivamente.

La pretensión de archivar la causa penal por los homicidios de Rojas Ortiz y Rivera Rivera, causó estupor también entre la población, debido a que existen pruebas y testimonios que permitirían a las autoridades la identificación de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, en un foro (el 30.11.2020) precisó que en “Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Jerhy Rivera, en 2020 y Sergio Rojas, en 2019; siguen en la impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales” de estos crímenes.

Organizaciones y gobiernos de los territorios indígenas.

Las organizaciones y gobiernos autóctonos de los territorios indígenas levantaron su clamor para que se haga justicia en los casos de los homicidios y de la violencia sostenida y cada vez más brutal que grupos racistas y terratenientes de la zona sur del país, donde se ubican la mayoría de los territorios protegidos, ejercen contra los pueblos originarios costarricenses.

El Frente Nacional de Pueblos indígenas (FRENAPI) de quien Rojas Ortiz fue uno de los fundadores y el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena encabezan el clamor por una justicia para los pueblos originarios.

“Decimos no a la impunidad en el homicidio de Sergio Rojas Ortiz y demandamos que el Ministerio Público continúe con las investigaciones”, manifestaron en un documento suscrito también por los Consejos de Salitre Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Consejo de Mayores Bröran de Térraba, Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa de Cabagra y la Asociación de Desarrollo integral del Territorio indígena de China Kichá. Al que se sumó la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Sergio era beneficiario directo de las Medidas Cautelares 321-12, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 30 abril 2015, cuando se ordenó al Estado costarricense proteger la vida e integridad física de todas las personas de los pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba.

Las medidas cautelares hacen referencia directa a los líderes de ambos pueblos originarios Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sibar Sibar, este último es víctima y sobreviviente de varios atentados al punto que recientemente advirtió en una denuncia pública que las agresiones en su contra por parte de peones y sicarios de los terratenientes, lo hacen temer por su vida y la de otros líderes de estas comunidades.

El abogado Retana Montenegro, explicó que resuelto lo anterior “el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para aceptar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe ser el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva”.

El 3 de diciembre pasado, se difundió un documento en el que los pueblos originarios repudiaban la pretensión de la Fiscalía que solicitaba la desestimación de la investigación del asesinato de Rojas Ortiz, que califican de “ofensivas e incumplen las Medidas Cautelares 321-12”, señalaba FRENAPI.

Reproducimos una parte de aquel documento a continuación:

Ante esto, como organizaciones que velamos por la permanencia y desarrollo de nuestras culturas indígenas y nuestra incansable labor de recuperación de tierras, exigimos:

• Que las autoridades judiciales DIGAN NO a la impunidad, y se continúe con las investigaciones judiciales que corresponden.

• Que las autoridades judiciales del Estado Costarricense destinen todos los recursos disponibles para dar con los responsables, y acabar con el clima de hostilidades en nuestros territorios, donde continuamente niños, mujeres y hombres indígenas viven en carne propia la inacción del Estado Costarricense.

• Que se encuentre a los homicidas intelectuales y a los que cometieron el crimen de Sergio Rojas Ortiz y les caiga todo el peso de la Ley penal.

• Que se haga justicia a la familia de Sergio Rojas Ortiz encontrando a los autores de darle muerte, diciendo NO A LA IMPUNIDAD.

Hasta el momento, no hay ningún sospechoso detenido, ningún allanamiento realizado en la zona y tampoco ningún arma decomisada.

Vemos nuevamente como la justicia no existe para nosotros los indígenas, ya que las amenazas de muerte y agresiones continúan, no tenemos acceso efectivo a nuestras tierras y el gobierno no avanza en la recuperación de estas.

¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que criminaliza a los indígenas que exigimos que se cumplan nuestros derechos?

¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?

El FRENAPI se une contundentemente a esta solicitud y expresa que la pérdida de nuestro hermano SERGIO ROJAS ORTIZ es muy dura y lamentable para nosotros-as. Si el Estado Costarricense omite negligentemente cumplir con su deber de hacer justicia en el crimen de Sergio es cómplice del mismo.

¡NO MAS IMPUNIDAD!, #SergioRojasVIVE, #JeryRiveraVIVE, ¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!