Imagen Google. Foto: José de León.

La condición de vulnerabilidad, no es consecuencia de la edad, sino de vivir en desventaja en un entorno que excluye y margina, estado que se agrava por la pertenencia además a grupos históricamente discriminados por género, discapacidad, orientación sexual, pertenencia a población indígena, migrantes, personas privadas de libertad y situación de pobreza.

La Pandemia nos llega en éste escenario de desigualdades e invisibilización, y de ahí nace la necesidad de tomar conciencia de la vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ratificada por Ley Nº 9394 del 28 de julio de 2016, que regula cada derecho de ésta población con un enfoque diferencial para garantizar su acceso y efectividad.

Nos dice la Convención que la persona mayor tiene derecho al trabajo y a la igualdad de oportunidades respecto de los otros trabajadores, y que los Estados Parte deberán promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones de trabajo, horario y organización sean adecuadas a sus necesidades y características particulares.

La Encuesta Continua de Empleo sobre la condición de actividad de las personas de 60 años y más (INEC, ECE 2020) nos informa que al I Trimestre de 2020, la población de personas mayores de 60 años ocupadas en un empleo era de 241.490 personas: 161.405 hombres, 86.085 mujeres, con empleo formal 56.084 e informal 191.406.

La Ley Nº 9832 de Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo en tiempos de Emergencia Nacional y el Decreto Nº 42248-MTSS que da licencia para la suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornadas de trabajo con rebaja proporcional del salario, tuvo el alcance de privar a las personas mayores del fuero de protección laboral que sí establece el artículo 6) de la citada Ley, a favor de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.

Quedaron discriminadas sin fuero de protección por reducción de jornada o por suspensión del contrato laboral durante la emergencia nacional las personas mayores de 60 años.

Pese a que se establece, que en ningún caso podrá utilizarse la reducción de jornada con fines discriminatorios, las leyes de mercado y las políticas económicas que han salido a flote con la Pandemia, orientadas a la protección de empleadores y no de personas trabajadoras, no exigen mayor complejidad, para presumir que las personas adultas mayores activas, cuya cifra no es nada despreciable, y entre ellas se encuentran mujeres que han cargado sobre sus espaldas una vida de discriminación interseccional, encabezaron la lista de afectadas y afectados, por la ausencia de un fuero especial.

Los poderes públicos continúan en deuda en su discurso de protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores, la respuesta a la pandemia sin fueros de protección y sin enfoque diferencial de sus necesidades particulares, deja al descubierto nuevamente la invisibilización y precarización de sus condiciones de vida.