Cientos de familias que requerían apoyo de urgencia se quedaron sin recibir el subsidio que obtuvieron personas que tenían empleo con el gobierno.
En total, las personas que se beneficiaron ilícitamente de ese programa deberán devolver un total de 158 millones de colones en el plazo perentorio de un mes, informó un comunicado del Ministerio de Trabajo.
Estas personas solicitaron la subvención mientras se desempeñaban con cargos en diferentes instituciones públicas, con lo cual violaron el decreto ejecutivo que dio origen al programa, cuyo artículo 7 expresamente excluye del beneficio a empleados públicos.
“El gobierno de la República comprende lo delicado de disponer de sumas de dinero provenientes de fondos públicos, como ocurre con el Bono Proteger, por lo que se ha determinado que las sumas recibidas por estos 1.309 funcionarios públicos deben ser devueltas en un plazo de 30 días, con la intención de que estas personas no sean objeto de procesos judiciales”, señala el comunicado.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, desde noviembre de 2021 las autoridades enviaron una carta a todas las instituciones públicas para que investigaran tales casos y les dieran seguimiento. Nuevamente se enviará un oficio a los jerarcas para que respondan esa solicitud e informen sobre los procedimientos disciplinarios que se siguieron.
Asimismo, se exige a dichos funcionarios rendir cuentas sobre las acciones que han tomado para recuperar los fondos.
