El Tribunal de Apelaciones, conoció en primer término la revocatoria al nombramiento de Juan Carlos Hernández, que fungía como abogado de Industrias Infinito, por parte de la empresa, que no nombró sustituto, y siguió adelante con la audiencia, que se celebró este 8 de octubre.

En segundo lugar, el Tribunal dio a conocer el rechazo del recurso de apelación de la Procuraduría General de la República, para que se llamará a ser parte del juicio a la empresa que compró las cinco fincas que poseía Industrias Infinito en Cutris de San Carlos, traspasadas a un tercero el 11 de agosto anterior, según consta en el Registro de la Propiedad.

La Procuradora Susana Fallas Cubero, había apelado la decisión de la jueza Lorena Montes de Oca, a cargo del juicio de Crucitas, en que rechazó la integración de litis del actual propietario registral de los cinco inmuebles cuyo titular anterior fue Industrias Infinito S.A.

De acuerdo con el criterio que expresó el Tribunal de Apelaciones no es importante incorporar a los nuevos propietarios dado que el fallo se ejecutará donde se generó el daño ambiental, lo que no depende de quién sea el propietario de las fincas.

Esta apelación de la Procuradora Fallas, presentada el 11 de setiembre pasado, motivó la quinta suspensión de la audiencia de lectura de la sentencia pendiente de conocerse desde enero de 2015.

En tercer lugar, después de resolver el recurso, ordenó que el Expediente de Crucitas regrese a la jueza de ejecución, Montes de Oca, quien dictará la sentencia fijando todos los extremos del daño. La fecha para esta nueva audiencia está pendiente.

Diez meses sin conocer el final

La audiencia para conocer el dictado de la sentencia en el juicio por daños ambientales contra la empresa Industrias Infinito, en la zona de la mina Crucitas, en Crutris de San Carlos, estaba prevista inicialmente para realizarse en enero de 2015.

Desde entonces, y por distintas razones el dictado de la sentencia ha sido suspendido. En cuatro ocasiones por motivos de la empresa, en una ocasión por razones expresadas por la parte demandante y la última vez, por la apelación de la Procuradora General.

Entre tanto, la minera Infinito Gold se declaró en quiebra en Canadá y en Costa Rica vendió las cinco propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad con las de debía hacer frente al pago del monto de la condena, a una empresa forestal con domicilio en Alajuela.

Los antecedentes

El abogado de la parte demandante, Álvaro Sagot en una entrevista con Informa-Tico, había destacado tres hechos que la justicia costarricense no puede dejar pasar, por el contrario, afirmó “debe tener presentes”.

El primero de estos, es la declaratoria de quiebra por parte de la minera Infinito Gold, casa matriz de Industrias Infinito en Canadá, a mediados del pasado mes de julio, cuando se acercaba la fecha para la ejecución de sentencia en el caso Crucitas.

“La quiebra, dijo Sagot, nos puso en alerta y revisamos si la jueza del Contencioso que lleva el caso, Lorena Montes de Oca, había hecho las anotaciones que le solicitamos en dos ocasiones, en las fincas de la compañía que están inscritas en el Registro de la Propiedad. Comprobamos que no las habían hecho”.

El jurista recordó que Montes de Oca, argumentó que la garantía ambiental por 600 mil dólares que la empresa depositó en la Secretaría técnica Ambiental (SETENA) cuando se aprobó el proyecto, “eran suficientes para cubrir la indemnización pero los peritos establecieron el monto entre los 6 y los 10 millones de dólares”.

Por esta razón, cuando se da la noticia a nivel internacional de la quiebra de Infinito Gold, Sagot presentó la tercera petición de embargo y la jueza que la recibió, Karen Calderón Chacón, consideró oportuno hacer algo de manera registral. Este es el segundo hecho. La supuesta venta de las fincas que se concretó el 11 de agosto anterior, en Alajuela.

“La jueza Calderón Chacón pide las certificaciones que le presentó Bernal Gamboa, de Apreflofas, el 10 de agosto, donde están libre de pelo y paja las cinco propiedades, pero en las segundas certificaciones que presenta Edgardo Araya solo dos días después (12 de agosto), ya están las anotaciones de los traspasos de las propiedades” precisó el abogado.

“La omisión de la jueza Montes de Oca, permitió a la compañía traspasar las cinco fincas que posee en Cutris de San Carlos, por un valor registral de un millón y medio de dólares ($1.500.000) a la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes S.A. por un monto de $450.000. Se las traspasaron por menos de un tercio del valor declarado” puntualizó Sagot.

Ante esto, la jueza Calderón Chacón resolvió una acción registral y entrega a los abogados los mandamientos de anotación para que se presenten al Registro de la Propiedad.

“Con esta acción, explicó Sagot, se buscaba detener el traspaso de las fincas que son los únicos bienes con que Infinito podría hacer frente a la indemnización que tiene que pagarle al país”.

El traspaso

En la copia de la escritura que recibió Informa-Tico, se lee que el apoderado generalísimo sin límite de suma de Industrias Infinito S.A, Ciro Casas Zamora, traspasa las cinco fincas a Luis Arturo Salazar Rodríguez, apoderado generalísimo de la empresa Reforestación Industrial Los Nacientes, con domicilio en el Roble de Alajuela. Los impuestos de traspaso costaron 23 millones de colones. Actúo como notario público Juan Carlos Morera Fernández, y la escritura se firmó el once de agosto de 2015, en Alajuela.

El tercer hecho. La gota que derrama el vaso es la nueva suspensión de la ejecución de sentencia por ausencia del abogado de Industrias Infinito, Juan Carlos Hernández, por una aparente dolencia que le valió al diputado Araya la expresión de “esto lo hemos oído ya varias veces” recordó Sagot.

Araya, por su parte, afirmó que queda la sensación de un juicio de nunca acabar que se pospone sin sentido aparente pero que, por otro lado, le ha dado margen a la compañía minera de ocultar el patrimonio para evadir el pago de daños y perjuicios.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el SINAC fueron sentenciados como co - responsables del daño ambiental junto con la minera canadiense.

El fallo de este Tribunal del 25 de noviembre de 2010, echó por tierra la concesión para la explotación de la mina de oro a cielo Crucitas, en Cutris de San Carlos, desde entonces está pendiente el dictado de ejecución de la sentencia, la cual fija el monto de la indemnización.

En aquella ocasión, el Contencioso Administrativo también había señalado la responsabilidad de varios funcionarios del gobierno de Oscar Arias Sánchez en la concesión para la explotación a cielo abierto de la mina de oro y por declarar “de interés público” el proyecto de la Mina Crucitas.

Línea de tiempo

2008. Inicia el juicio contra la concesión para la explotación de la mina de oro a cielo abierto Crucitas, ubicada en Cutris de San Carlos.

2010. En noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo dicta sentencia en la que condena a la Industrias Infinito, al Estado y al SINAC. La sentencia responsabiliza a los tres actores, en lo que a cada uno le cabe, por el daño ambiental causado en la zona y los condena a pagar daños y perjuicios.

Después de la sentencia Infinito, la Procuraduría y del Estado, apelan el fallo ante la Sala Primera, apelación que se resuelve un año después (diciembre-2011). En la apelación la Sala Primera ratificó todo lo actuado por el Tribunal Contencioso Administrativo.

2012. Resuelta la apelación, el caso Crucitas regresa al Contencioso y los abogados piden la ejecución de sentencia y que se fije la fecha de lectura. El Contencioso argumenta que no está listo el informe técnico que establece el valor de los daños y anuncia que deja para el dictado de la sentencia el monto que los tres actores tendrán que pagar al país.

De 2012 hasta el presente, los representantes de la minera se dedicaron a presentar una serie de objeciones que alargaron el final del proceso judicial. Infinito objeto desde los peritos hasta los informes, incluso a la jueza Montes de Oca, con el argumento de que estaba parcializada. Todo esto fue declarado sin lugar por la Sala Primera.

2015. El proceso para el dictado de la sentencia definitiva del caso Crucitas se lleva más de dos años. A principios de 2015, los abogados logran que el Contencioso fije fecha para junio, pero la audiencia no se concretó porque el abogado de la minera se declara enfermo. La última audiencia había sido fijada para este 25 de agosto de 2015 y de nuevo se suspende y se fija para el 11 de setiembre.

El 11 de setiembre la jueza Montes de Oca suspende nuevamente el dictado de la sentencia para conocer y resolver el recurso de apelación que presentó la Procuradora General de la República. Fija audiencia para el 7 de octubre.

El 7 de octubre, Industrias Infinito presenta la revocatoria del nombramiento de su representante legal y apoderado generalísimo, el abogado Juan Carlos Hernández, y no nombra sustituto. El tribunal decide seguir adelante y da a conocer su criterio en que rechaza la apelación de la Procuraduría.

La fecha para la lectura de la sentencia, está por definirse.