Imagen: Foto AFP. Bolivia y el fraude de la OEA, una imagen de América Latina. Seguidores del candidato Luis Mesa, del partido Comunidad Ciudadana despliegan sus posters en La Paz en la campaña electoral.
Luego Guzmán se extiende en el análisis, en entrevista publicada por la página Jacobin. Tenemos que repensar lo que es un golpe, más allá de la lógica del Estado, sugiere. “Creo que la mayoría de los golpes (cita el caso de Chile, en 1973; o el en Honduras, en 2010) han sido golpes contra el pueblo que resultaran luego ser un golpe de Estado”. “Y lo que ocurrió el 10 de noviembre aquí en Bolivia fue un golpe contra el pueblo, un golpe racista”.
Cuando las fuerzas armadas intervienen y piden la renuncia de Morales, el golpe ya había ocurrido: casas de autoridades incendiadas, secuestro de hombres, mujeres, de hermanos de las autoridades, humillados en plaza pública, trasmitidos por Facebook, humillados inclusive sexualmente, como ocurrió con el hermano del diputado Víctor Borda, explica Guzmán.
“La única forma de parar eso era con la renuncia de Evo. Porque hubo mucha violencia, iban a incendiar las casas de todos los dirigentes, violentar a sus hijas, sus esposas”, agregó.
¿Fue golpe? ¿No fue golpe? La pregunta se filtra en todos los debates. Guzmán no tiene dudas: tenemos que repensar lo que entendemos por golpe. Hubo mucha ingenuidad en pensar que la OEA –que es un órgano que nunca benefició a los pueblos– podría resolver democráticamente la crisis con una auditoria del proceso electoral.
“Hubo mucha confianza, tanto por parte del gobierno como por parte de las organizaciones sociales. No dimensionamos que realmente ocurriría un golpe y que ese golpe tendría éxito. Pensamos que podríamos disputar las calles, como siempre lo habíamos hecho”.
Para Guzmán, el golpe también vino de adentro, con el gobierno desarticulado y con las universidades como actores fundamentales. El gobierno reaccionó tarde. Nuestro papel –agregó– “no es construir leyes: nuestro papel es construir la vida cotidiana de este buen-vivir que defendemos”.
Creíamos que ese proceso era irreversible. No fue así. Salieron los paramilitares a las calles, salió el ejército y la policía, se armó la maniobra inescrupulosa de la OEA, encabezada en el terreno por un excanciller costarricense que la OEA premió nombrándolo de nuevo para las mismas funciones en las elecciones del domingo.
Guzmán ve el país sumergido en protestas. “Por lo menos en La Paz, que es donde yo vivo, hay protestas todos los días”, asegura. Contra la finalización del año escolar, por la recuperación del almuerzo escolar, protestas de los profesores.
“La rabia de la sociedad es generalizada”. Habla de la Covid: “son más de cinco mil muertos hasta ahora. No muertos por el virus, sino muertos porque los respiradores nunca llegaron, porque no hay pruebas, no hay medicamentos”.
Uno de los escándalos más grandes el gobierno golpista de Jeanine Áñez se reveló en mayo con la compra de respiradores por un precio que triplicaba los del mercado. En agosto se denunció un sobreprecio de seis millones de dólares por otra compra, de 324 respiradores que, como los anteriores, nunca fueron puestos a disposición de quienes los necesitaban.
Ahora se acerca la elección del domingo. Una de las posibilidades es de que haya fraude, afirma Guzmán, que gane el sector golpista. “Creo que eso es una gran posibilidad, reproduciendo algo de lo que se hizo en Honduras. Allí hay un tercer gobierno que engaña al pueblo, que comete fraude electoral y sigue con el manual golpista. Lo que ocurre en Honduras es una dictadura y creo que intentan aplicar la misma receta aquí”, señaló.
El pasado fin de semana el diario boliviano La Razón publicó los resultados de una segunda encuesta “Tu voto cuenta”. Hicieron 15.537 entrevistas. Tomando en cuenta solo los votos válidos –sin votos en blanco o nulos– el candidato del MAS, Luis Arce, obtiene 42,9% de las preferencias. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, el mejor colocado entre los diversos candidatos de los sectores golpistas, obtiene 34,2%. Con la renuncia de Áñez a su candidatura, el tercer lugar es ocupado por el líder de los grupos radicales de derecha del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con 17,8%. Otros cuatro candidatos se reparten poco más de 5% de los votos.
Para ganar en primera vuelta hay dos opciones: obtener más de 50% de los votos; o 40%, con una diferencia mayor al 10% sobre el segundo colocado, que fue lo que obtuvo Evo Morales en las elecciones del año pasado.
LA NACIONALIZACIÓN FUE FUNDAMENTAL
Tres anuncios hizo José Luis Parada, ministro de Economía del gobierno golpista de Bolivia: el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, la concesión a empresas extranjeras transnacionales de los recursos estratégicos de litio del Salar de Uyuni y la expansión del latifundio agroindustrial para la exportación.
EraN, en opinión del sociólogo boliviano Eduardo Paz Rada, las orientaciones estratégicas de un gobierno que se anunciaba como transitorio, pero cuyas decisiones tendrían efectos duraderos.
En particular, lo del litio, mineral del que Bolivia tiene una de las mayores reservas mundiales, junto con Argentina y Chile, en el llamado “Triángulo del litio”. Con China y Australia conforman el grupo de grandes productores mundiales.
La planta piloto de Llipi debe pasar a producción industrial a fines de este año, con una capacidad de producción de 15 mil toneladas de carbonato de litio. Con eso Bolivia se convertirá en el cuarto productor mundial y el segundo de América Latina.
En 2008 el gobierno de Morales creó la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB). Es la misma estrategia que lo llevó a nacionalizar empresas productoras de petróleo, gas y otros recursos naturales y a renegociar los contratos con empresas trasnacionales, obligadas a pagar un 32% más de impuestos. Esa fue la base del crecimiento económico que permitió sacar de la pobreza a millones de bolivianos, reduciendo la cifra de un 60% en 2005 a 35% en 2018.
En los últimos tres años del gobierno de Morales, Bolivia logró tasas de crecimiento superiores al 4%, con uno de los mejores desempeños en América Latina.
Las nacionalizaciones fueron fundamentales porque dieron solvencia a la cartera del Estado. Sin esas nacionalizaciones el Tesoro estaría con sus arcas vacías, sin capacidad alguna de desarrollar políticas que dependen de los recursos económicos dijo, en entrevista a un medio brasileño, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Marcelo Montenegro.
Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia de Bolivia, fue ministro de Economía entre 2006 y 2017 y entre enero y noviembre del año pasado, y tuvo un papel clave en esa política de nacionalización de los recursos naturales bolivianos.
DOS BOLIVIAS EN SUS CUENTAS BANCARIAS
En 2018 habíamos llegado a un acuerdo con la empresa alemana Acisa (ACI Systems Alemania), principal proveedora de baterías para vehículos eléctricos, para la explotación del litio, explicó la expresidente del Senado Adriana Salvatierra (también obligada a renunciar después del golpe). Pero, al final, el acuerdo no le garantizaba a Bolivia transferencia de tecnología ni control en la industrialización del litio, de modo que Bolivia negoció con China.
“Íbamos a firmar un acuerdo con China que implicaba una inversión de 2.300 millones de dólares para industrializar el litio. A principios de 2019, cuando se produce la firma del acuerdo, el embajador chino dice:
–Este es un día histórico porque a partir de ahora China se convertirá en el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo y Bolivia tendrá garantizado un mercado para los próximos 50 años”.
Afectamos intereses geopolíticos, dijo Salvatierra. Sobre todo los de Tesla, la empresa de Elon Musk, el mismo que afirmó, en julio pasado, que derrocarían a quienes quisieran, con tal de garantizar sus intereses.
Musk posee 76 mil millones de dólares en activos. El Producto Interno Bruto de Bolivia es de 42,5 mil millones de dólares. “Estamos diciendo que el propietario de Tesla tiene en sus cuentas bancarias aproximadamente 34 mil millones de dólares más que todos los recursos económicos que utilizamos en nuestro país. Eso quiere decir, de una manera sencilla, que este hombre tiene casi dos Bolivias en sus cuentas bancarias”, recordó Salvatierra.
Áñez detuvo las negociaciones con Alemania y con China y el MAS estima que el objetivo es privatizar el litio y entregar su explotación a empresas norteamericanas.
EL VOCERO DEL FRAUDE
Todo esto está en juego en las elecciones del próximo domingo.
Nuevamente, el excanciller costarricense Manuel González, el mismo artífice del informe que avaló el fraude electoral el año pasado, encabeza la misión de observadores de la OEA.
Durante nueve meses el gobierno de Áñez “ha consolidado una brutal dictadura de derecha que ha asesinado a docenas de manifestantes civiles. Ha torturado, lesionado y encarcelado a muchos más. Ha censurado a la prensa. Ha reprimido sistemáticamente a sus adversarios políticos”, dijo Gabriel Hetland, profesor de estudios latinoamericanos en la Universidad de Albany, en un artículo publicado en el Washington Post el pasado 27 de agosto.
El golpe podría ser revertido o confirmado en las urnas. El resultado tendrá un impacto más allá de las fronteras de Bolivia. Podrá reforzar el giro a la derecha en América del Sur, con la elección de gobernantes “al servicio de las oligarquías locales y de los intereses de los Estados Unidos”, escribieron los profesores Igor Fuser y Fábio Castro, de la Universidade Federal do ABC, en Brasil.
De todos los cambios de rumbo político ocurridos en la región, el de Bolivia “fue el más claramente golpista y también el más violento, acompañado por las tenebrosas sobras del fascismo y del racismo”, afirman. En sus diez meses, el gobierno de Áñez “se reveló un completo desastre”, incapaz de organizar un Estado que se propuso desarmar, sin capacidad de enfrentar los efectos devastadores de la Covid-19 ni de la caída de la economía, que podría ser del 8% este año.
Las previsiones electorales son de una victoria del candidato del MAS en primera ronda, como reveló la encuesta del diario La Razón.
Nuevamente, se trata de una elección reñida. Arce difícilmente podrá ganar en segunda vuelta. Pero, para ganar en la primera debe superar los 40% de votos, con una diferencia de más de 10% frente al segundo colocado. No parece imposible, pero tampoco fácil.
La campaña pasada estuvo caracterizada por el abuso de las noticias falsas, incluyendo un supuesto hijo que Morales desconoció. Fue el “caso Zapata”, de un hijo que Morales habría tenido con Gabriela Zapata algo que, en realidad, nunca existió. El caso murió, pasadas las elecciones.
Pero las noticias falsas no. Áñez contrató para hacer campaña la empresa CLS Strategies, acusada por Facebook de promover campañas falsas y desvirtuar el debate político.
Para Adriana Guzmán, después del golpe y del resultado del gobierno de Áñez, “es imposible que la derecha gane las próximas elecciones sin fraude”. Pero, al mismo tiempo, es difícil pensar que los intereses internacionales y nacionales que están detrás del golpe estén dispuestos a permitir un triunfo electoral del MAS. Impedirlo no es una de las tareas menores encomendadas a la OEA y a González.
EL ELOGIO A TORTURA
Estados Unidos con más de ocho millones de casos, India con cerca de 7,2 millones y Brasil acercándose a 5,2 millones. Con más de 150 mil muertos, Brasil ya superó a España en el número de muertos por cada millón de habitantes, con 706, solo detrás de Perú en América Latina, que tiene 1.002 en este registro y de Bolivia, con 708, según datos del fin de semana.
Sin embargo, en opinión del vicepresidente, general Hamilton Mourão, Brasil enfrentó muy bien esta crisis pandémica. “Lamentamos haber perdido las vidas de casi 150 mil brasileños, pero ya curamos más de cuatro millones de personas”, afirmó.
Entrevistado por la cadena alemana DW, Mourão se refirió al papel de los militares durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1981.
El general se sumó a los elogios hechos por el presidente Bolsonaro a quien dirigió el DOI-Codi en São Paulo, uno de los órganos represivos más crueles durante ese período, el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado en los tribunales por las terribles torturas a las que sometía a sus prisioneros.
“Ustra fue mi comandante al final de los años 70 del siglo pasado, y era un hombre de honor que respetaba los derechos humanos de sus subordinados”, afirmó Mourão, consultado por el periodista. No dijo nada sobre los derechos humanos de los demás ciudadanos.
LAS CIUDADES DESIERTAS
La pandemia sigue devastando las ciudades. El mes pasado los ejecutivos de 160 de las mayores empresas de Nueva York –desde la banca hasta bufetes de abogados o de bienes raíces– le escribieron al alcalde Bill de Blasio. Temen los efectos a largo plazo de la pandemia para la ciudad. Hay mucha ansiedad, afirman, aumentan los crímenes, la ciudad está sucia, el mal manejo de la crisis ha contribuido a deteriorar las condiciones de vida en los cinco condados que la conforman.
En la recta final hacia las elecciones del próximo 3 de noviembre, millones de votos ya se han emitido por correo, mientras la Covid-19 toma fuerza de nuevo en Estados Unidos, con las mayores tasas de infecciones desde agosto.
Trump, rezagado en las encuestas, reapareció ante sus partidarios hablando desde un balcón de la Casa Blanca, asegurando estar recuperado después de su internamiento en un hospital militar, afectado por la Covid. Prometió una vacuna para muy pronto, aseguró que la enfermedad está desapareciendo, arremetió de nuevo contra el “virus chino” y advirtió contra una “elección amañada”.
GENERALES RASTREROS
Antes de Estados Unidos, Chile también va a las urnas, el domingo 25, para decidir si quiere una asamblea que reforme su constitución, herencia de la dictadura del general Pinochet.
Hace un año estallaron las protestas que sorprendieron al mundo, al que el gobierno del conservador Sebastián Piñera trataba de mostrar como un modelo para América Latina. Desde entonces no han cesado, pese a la pandemia, reprimidas con permanente brutalidad, como cuando tiraron al cauce empedrado del río Mapocho a un joven de 16 años que participaba en las protestas.
El acto renovó las denuncias contra el cuerpo de Carabineros y la demanda de renuncia de su comandante, el general Mario Rozas. Cuando del golpe de 1973, el presidente Salvador Allende llamó “general rastrero” al entonces comandante de Carabineros, que solo un día antes le había reiterado su lealtad.
Trece diputados presentaron una acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, al que acusan de complicidad ante la violencia policial.
(* Historiador, Periodista, Escritor. gclopes1948@gmail.com)
