El argumento de la organización, que aglutina a algunos de los sectores más fuertes del capital, es que la composición de la mesa de diálogo no garantiza la representación equitativa de cada uno de los sectores, en una aparente queja por el número de representantes que les fue asignado, 4 de 29 asientos.
Este número es el mismo que tendrá el gobierno, por lo que quedan 21 para todos los demás sectores que han sido convocados al diálogo.
En vez de acudir al llamado del gobierno, UCCAEP ha elegido participar en un foro convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para analizar la situación económica y social del país y generar ideas en torno a las medidas que cabría aplicar. Un foro cuyos resultados podrían ser un insumo importante para la Mesa de Diálogo Multisectorial, pero que por sus objetivos y composición no tiene carácter resolutivo.
En un arrebato -no sabemos si de humor o de ironía-, la organización empresarial le ha aconsejado al gobierno que mejor se integre a este foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular.
¿Por qué la UCCAEP, que constantemente ensalza el diálogo como vía para llegar a acuerdos, escabulle la mesa de negociaciones convocada por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa?
Solo el tiempo podrá dar respuestas definitivas a esta pregunta, pero es posible intuir las razones con base en posiciones expresadas anteriormente por la dirigencia del ente.
Las declaraciones del presidente de UCCAEP, José Álvaro Jenkins, el pasado 21 de setiembre, pocos días después de asumir el cargo, nos brindan una pista importante.
“Lo que nos parece es que (el gobierno) quiere seguir cargando sobre el sector privado formal la mayoría de peso de los ingresos adicionales que quieren tener y creemos que eso va solamente en la vía de desestimular la reactivación”, decía Jenkins en declaraciones a un medio nacional.
Y esta afirmación se refería al proyecto que el Poder Ejecutivo se disponía a enviar a la Asamblea Legislativa como parte de las negociaciones para acceder a un crédito por 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, el mismo proyecto que el presidente Carlos Alvarado terminó retirando para convocar a un diálogo multisectorial ante el amplio rechazo (manifestaciones y bloqueos incluidos) de quienes se quejaban de que el gobierno quería cargar a los sectores populares y medios el peso de la crisis, afectando en muy poca medida a los grupos de mayores ingresos.
El punto, entonces, pareciera ser que los ricos empresarios representados en UCCAEP no quieren exponerse a participar de un diálogo en el que probablemente surjan acuerdos para gravar con mayores cargas a los contribuyentes con mayores rentas, una política que ellos podrían enfrentar más cómodamente desde afuera.
Seguramente, tampoco quieren estar en una mesa de negociación en que se discutirán medidas más enérgicas para evitar la evasión y la elusión fiscal, porque algunos asociados podrían verse perjudicados con dichas medidas.
Frente a la crisis fiscal, Jenkins ha propuesto que se vendan más activos del Estado, incluyendo el Banco de Costa Rica, y que se contraiga mucho más el gasto público, para lo cual (la UCCAEP no lo ha dicho explícitamente, pero queda implícito en la propuesta) el gobierno tendría que proceder al despido de miles de empleados públicos.
Al terminar estas líneas, el gobierno no había reaccionado a la decisión de la cúpula empresarial, pero sería impensable que -como sugiere el director de un noticiario televisivo- el presidente Carlos Alvarado desista de realizar la Mesa de Diálogo Multisectorial.
