Zaida Siles Rojas y Alejandra Amador Salazar

El proyecto de ley pretende, entre otras cosas, replantear la autonomía de las universidades públicas y otorgar potestades regulatorias al Poder Ejecutivo sobre la educación superior estatal, también crea lo que denomina un Fondo Especial para la Educación Superior Estatal, así como un Consejo promotor, fiscalizador y evaluador de los resultados del financiamiento. Establece limitaciones al uso de dicho Fondo, así como criterios de distribución entre las instituciones y la posibilidad de trasladar recursos excedentes a la caja única del Estado.

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La Asamblea Legislativa aún no ha cumplido con la consulta formal a la Universidad de Costa Rica (UCR) sobre este proyecto de ley, a la que está obligada, pero ante la importancia del tema el Consejo Universitario ha trabajado proactivamente en tener el criterio sobre bases de análisis sólidas.

Para el Órgano Colegiado de la UCR, esta propuesta no solo es inconstitucional, sino que está basada en falacias argumentativas que le restan razonabilidad al texto. En este sentido, destacó cuatro razones fundamentales por las cuales contraviene la Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 

La primera de estas es que pervierte el mecanismo de financiamiento de las universidades estatales establecido por el artículo 85 de la Carta Magna, en el tanto hace que el Poder Ejecutivo adquiera potestades que son consustanciales a los órganos propios de las universidades estatales.

Usurpa competencias de los órganos existentes de coordinación de la educación superior, a la vez que somete la planificación y el presupuesto universitario a control del Poder Ejecutivo.

Además, restringe la independencia administrativa, impone fines específicos a las universidades estatales y presenta vacíos fundamentales que obligan a desarrollar un instrumento jurídico de rango inferior para las disposiciones previstas en el articulado, lo cual deviene en una clara inseguridad jurídica y sometimiento al control por parte de las autoridades de los gobiernos de turno.

Este Órgano advirtió el peligro del proyecto con respecto a la institucionalidad (específicamente de las autonomías universitarias) que resguarda el derecho a la educación superior pública de excelencia, mediante los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.

--- FALACIAS --

El análisis realizado por el Consejo Universitario, reveló que este proyecto de ley está fundamentado en una serie de falacias argumentativas, las cuales fueron refutadas por esta casa de estudios superiores.

El siguiente es un extracto del documento que se puede ver completo en este enlace: VER CRITERIO COMPLETO AQUÍ

 

Falacia 1: El FEES requería de una ley específica para ser establecido 

En la exposición de motivos, el Proyecto del Ley afirma, erróneamente, que el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal nunca fue creado constitucionalmente, por cuanto, sostiene que lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, es algo distinto de lo que se negocia por medio de la Comisión de Enlace del Fondo Especial para el financiamiento de la Educación Superior (en adelante Comisión de Enlace).

Ese argumento es utilizado como razón para crear lo que denomina “Fondo Especial para la Educación Superior Estatal”, así como para otorgarle un propósito específico, el promover la regionalización, la promoción de las becas y la inversión en infraestructura física y el equipamiento, lo cual desdeña y deja fuera todos los otros fines que las universidades estatales están llamadas a alcanzar.

El Proyecto de Ley postula abiertamente el objetivo de “regular” el Fondo Especial para la Educación Superior Estatal, creemos que en referencia al FEES, aunque con distinta denominación. No obstante, lo relevante es que, no se trata de una propuesta de regulación integral o comprensiva de la materia, sino más bien, de algunas regulaciones puntuales que se concentran fundamentalmente en la planificación y ejecución que hacen las universidades de los recursos del FEES y su posterior fiscalización, así como en la distribución -o pretendida redistribución- de dichos recursos entre cada una de las universidades públicas existentes. Por ejemplo, no incluye aspectos importantes como el proceso de negociación del FEES en el seno de la Comisión de Enlace, ni los parámetros y procedimientos para definir el monto global de dicho Fondo.

Sumado a ello, el proyecto adolece de la dotación de un instrumental, mediante, el cual se facilite los ajustes e inconsistencias que se presenten en las negociaciones del FEES, por ejemplo, la incorporación de un 1,5% del PIB como inversión en la educación superior y la recuperación de montos adeudados por parte del Poder Ejecutivo; y de los otros rubros de transferencias, que por leyes específicas ingresan a las universidades públicas, entre otros. El crecimiento de FEES, que cada vez ha crecido en menor proporción, y desde 2020, se otorgan montos reales menores, sino, también, producto de recortes particulares, como el aplicado en el 2019, de ₡10.000,00 millones por la Asamblea Legislativa, así como postergaciones al traslado de los fondos acordados con el Gobierno en el 2020 y el 2021.

Es preciso aclarar que dichas postergaciones, en el contexto actual político y de las finanzas nacionales, cada vez se ve más complicado el recuperarlas.

Falacia 2: Es constitucional que el Poder Ejecutivo pueda regular el mecanismo para asignar recursos a la Educación Superior Estatal

En este ámbito, otro rasgo característico de la débil justificación del proyecto de ley es que se recurre a citas descontextualizadas de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, a criterios de la Procuraduría General de la República, del Informe del Estado de la Nación o de sentencias de la Sala Constitucional sobre la autonomía universitaria.

A modo de ejemplo, se citan posturas disidentes sobre las mociones aprobadas en la Asamblea Nacional Constituyente relativas al financiamiento de la educación superior, pero no los criterios que prevalecieron por amplia mayoría. De manera incomprensible, en esa discusión se omite el profundo debate legislativo que, en 1981, antecedió a la aprobación del texto vigente del artículo 85 constitucional, probablemente, porque dicho debate dejaría en evidencia la inviabilidad jurídica de los planteamientos del proyecto de ley, como se explicará más adelante.

El texto se esfuerza por deslindar artificialmente la autonomía universitaria de su dimensión económica. Este reconoce que las universidades públicas tienen autonomía administrativa, de gobierno y para darse su propia normativa y su propia organización, pero de manera forzada, se intenta desvincular esa autonomía del financiamiento de la educación superior. Como si la autonomía constitucional de las universidades públicas no abarcara la dimensión económica, financiera y presupuestaria, como si esa autonomía no permeara todos los aspectos relacionados con el funcionamiento del FEES, incluyendo la planificación, la ejecución y la distribución de sus recursos; o como si el artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica estuviera absolutamente separado y desvinculado del artículo 85.

Para evitar estas distorsiones es conveniente recordar lo que sí dijeron los constituyentes de 1949 sobre el tema en cuestión. Durante la discusión para definir la redacción del artículo 85 en la Asamblea Nacional Constituyente, la preocupación se concentró en blindar los recursos estatales que financiarían la educación superior de las influencias y presiones políticas externas, de manera tal que se garantizara la independencia y autonomía de las universidades públicas.

El constituyente Baudrit Solera sintetizó con claridad este espíritu: (…) Lo que perseguimos es evitarle a la Universidad la amenaza de futuros Congresos movidos por intereses politiqueros. La educación primaria o secundaria no corren ningún riesgo. En cambio, la situación de la Universidad es bien distinta. Mañana, si la Universidad no se adapta al ambiente político imperante, un Congreso, con el propósito de liquidarla, lo podrá conseguir fácilmente rebajando el subsidio del

Estado.

 

Falacia 3: Las universidades públicas utilizan los recursos asignados en actividades distintas a las que deberían destinarlos.

Entre las falacias argumentativas que sustentan el Proyecto de Ley, esta la que sostiene que existe una relación de competencia o de “suma cero” entre ciertos rubros de egreso del FEES, específicamente entre los salarios y las becas. Es decir, el proyecto parte del supuesto de que un incremento salarial a las personas trabajadoras de las universidades públicas, implica de forma directa un decrecimiento en las becas y en los procesos de regionalización.

El texto achaca la desviación de recursos para programas de becas a una masa salarial creciente, estableciendo que los gastos en sueldos y salarios consumen una proporción muy alta del FEES, y seguirá creciendo si no se establece un límite al crecimiento del gasto de las universidades. Nuevamente, el texto propuesto no aporta evidencias de esa desviación de fondos del FEES para Salarios, ni menciona que, en la masa salarial del FESS no ha crecido en los últimos años en términos reales.