Mitin en Zapote. ¡Sin tierra no hay pan y sin pan no hay paz! Este será el lema del mitin de solidaridad convocado para este martes a las 3 pm., frente a Casa Presidencial, en Zapote, en respuesta al llamado a la solidaridad y repudio a la violencia policial, que lanzaron los campesinos del Sur a organizaciones sociales y de derechos humanos, de San José.
Entre las acciones que el gobierno viene ejecutando para apoyar a los afectados por el desalojo de la Finca Changuena en Palmar Sur de Osa, están la construcción de viviendas temporales, subsidios para alquileres y un albergue, que funcionarán mientras de construyen las viviendas definitivas, señaló la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga.
Zúñiga agregó que también está en marcha proyecto productivo con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), que estará listo el segundo semestre de este año y que será la solución “definitiva para garantizar la estabilidad productiva y habitacional de las familias”.
El gobierno pidió la intervención de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) el INDER y el IMAS para coordinar las acciones. “Hemos tenido un acompañamiento permanente con las familias para que las acciones se desarrollen con el respeto de la dignidad y los derechos humanos, dijo Zúñiga.
La Viceministra enfatizó en que el rechazo de la Sala Constitucional del recurso de amparo que presentó la Defensoría de los Habitantes para que se suspendiera el desalojo, “confirma que el Poder Ejecutivo ha tomado las previsiones correspondientes para afectar en lo menos posible los derechos fundamentales de los habitantes de la Finca”.
La resolución de la Sala IV dio paso a una nueva orden de ejecutar el desalojo que se podría concreta en cualquier momento por los agentes antimotines que se encuentran en el Sur del país, para cumplir la orden de la jueza Lorena Montes de Oca, del Tribunal Contencioso Administrativo.
La jueza Montes de Oca, reconoció derechos sobre las fincas ocupadas por los campesinos al empresario Oscar Echeverría Heigold, dueño de Motores Británicos, aun sabiendo que existen dudas sobre la legitimidad jurídica de los derechos que reclama el empresario, según las organizaciones campesinas.
Desde tempranas horas de la mañana, miembros de las 100 familias campesinas afectadas por el desalojo, cerraron un carril del puente del sobre el río Térraba para pedir al gobierno que detenga la medida y que en su lugar, “concrete sobre una solución definitiva: “no queremos casas de cartón, queremos tierra”, “entreguen estas tierras a las familias que las trabajan y habitan”, decían los carteles que desplegaron.
Criminalización de la protesta
La Coordinadora de Lucha Sur Sur y el Comité de Solidaridad con el Sur repudiaron “la represión” y responsabilizaron al gobierno de lo que pueda pasar en adelante.
Reportaron varios detenidos que se encuentran en la delegación policial de Palmar Norte y algunos heridos, ingresados en el Hospital de Ciudad Cortés.
Para estas organizaciones la detención de campesinos del Sur que se manifestaban pacíficamente para que se detuviera el desalojo, responde “a la política de criminalización de la protesta social que impera en nuestro país”. “Los dirigentes de Palmar Sur son víctimas de acoso policial y acusaciones falsas” aseveran.
Recordaron que hay otros casos como las cinco personas que se encuentra procesadas tras haber sido detenidas durante la brutal represión policial del “8N” (8 de noviembre), en la manifestación en defensa de la Caja del Seguro Social, así como otros activistas sociales detenidos en luchas comunales como son los detenidos en Chomes y Paquera de Puntarenas, por luchas de vivienda y contra carreteras.
Antecedentes del desalojo
La jueza Lorena Montes de Oca, del Tribunal Contencioso Administrativo en su resolución del 23 de setiembre de 2015 (Exp. 13-007668-1027 CA) ordena el desalojo de unas 100 familias y pide que "Procure el Estado que la deplorable situación que embarga a las familias que han de desalojarse no tiña la diligencia a su cargo, no comprometa la seguridad de la fuerza pública, ni la integridad de quienes quedarán encargados del cuido de las áreas que se desocupen."
En otra diligencia realizada en esa ocasión por la Procuraduría General de la República (el abogado del Estado) se firmó por medio de Luis Diego Flores Acuña (Procurador General) un acuerdo conciliatorio con Echeverría, el 5 de setiembre del 2014; en el que el Estado se comprometía a los desalojos “aun sabiendo que el empresario no tiene legitimidad jurídica”, según han señalado reiteradamente las organizaciones de los campesinos sin tierra del Sur de nuestro país.
