Río de Janeiro. La verdad es que desde hace meses la presidenta brasileña Dilma Rousseff está acostumbrada a vivir bajo intensa balacera, que a veces se transforma en bombardeos impiadosos. Pero pocas veces enfrentó una bomba tan poderosa como la que explotó ayer. Más aún se trata de un caso típico de bomba que viene embarazada, y seguirá pariendo desastres múltiples en los días que vendrán.

Delcidio Amaral, que desde 2001 integraba el PT (ayer mismo renunció al partido), era el líder del gobierno en el Senado cuando fue detenido el pasado noviembre. Fue la primera vez en la historia brasileña en que un senador el pleno ejercicio del mandato fue llevado a prisión. La causa: fue grabado mientras prometía al hijo de un ex ejecutivo de Petrobras, Nestor Cerveró, detenido a raíz del esquema de corrupción instaurado en la estatal Petrobras, ayuda financiera para que el padre no abriese la boca. Doble fracaso: Cerveró habló y habló, y su hijo grabó la propuesta de Amaral. Cualquiera que conozca un mínimo de los meandros de la política brasileña sabrá que las promesas de Delcidio eran puras bravuconadas. Según él, para “darle alguna tranquilidad” al hijo del ex ejecutivo preso. Según observadores, para mandar un mensaje a Cerveró: si te callas serás recompensado alguna vez.

De todas formas, el Supremo Tribunal Federal, encargado del caso –como senador, Amaral puede ser juzgado solamente por la instancia máxima de la Justicia–, decidió entregarlo a las temidas manos de la Operación Lavado Rápido. Con sus habituales métodos de presión máxima, defendidos a hierro y fuego por Sergio Moro, un juez de primera instancia que no intervino directamente en su caso. Luego de saber que no podría pasar las festividades de fin de año con la familia, Amaral aceptó prestar la “delación premiada”. En febrero, fue liberado para el régimen de prisión domiciliar mientras aguarda que el proceso judicial siga su curso.

Tan pronto se supo de la posibilidad de que Delcidio Amaral hubiese aceptado prestar la “delación premiada” los cimientos del mundo político de Brasilia temblaron. Son muy conocidas sus jugadas desde cuando era uno de los directores de Petrobras, en tiempos de Fernando Henrique Cardoso.

Su merecida fama de experto en negocios turbios hizo disparar alarmas. Al mismo tiempo, saltaban ecos de la misma pregunta: ¿cómo pudieron Dilma, y el PT, nombrar a semejante figura como líder del gobierno en el Senado?

La respuesta es tan cándida como reveladora de los verdaderos métodos de la política brasileña: porque, además de hábil articulador y buen negociador, él conocía los secretos más pesados tanto de sus colegas del PT como de la oposición, a cuyos cuadros perteneció siempre. Su ingreso al partido de Lula se debió a una razón pragmática: en 2002, quiso disputar el Senado por su provincia natal, pero su entonces partido, el PSDB de Cardoso y Aécio Neves, le negó la postulación. Rápidamente se convirtió en afiliado del PT.

Lo que semejante figura –un claro tránsfuga– pudo haber dicho a la policía podría ser capaz de derrumbar no sólo al actual gobierno, sino a toda la República. Por eso la tensión que soportó Brasilia desde que el habitual (y altamente ilegal) goteo de información fue pasado tanto por fiscales como la Policía Federal a los medios involucrados hasta el cuello en el mecanismo que impulsa el golpe institucional contra Dilma Rousseff.

En un primer momento, los abogados de Delcidio Amaral aseguraron “no reconocer” las declaraciones filtradas a los medios. Ayer, cuando la Corte Suprema homologó la propuesta de ‘delación premiada’ –o sea, cuando se admitió que las denuncias tenían aparente consistencia– y suspendió el sigilo que encubría su contenido, explotó la bomba.

La transcripción de toda la ‘delación premiada’, que se extiende por centenares de páginas, no dejó nada en pie. Aécio Neves, por ejemplo, cabeza más visible del movimiento golpista, aparece en rol destacado. Lula da Silva, Dilma Rousseff, su vice, Michel Temer, los presidentes de la Cámara, el archidenunciado Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, que tienen pendientes nada menos que siete investigaciones en la Corte Suprema, más ex ministros tanto de Lula y Dilma como de Fernando Henrique Cardoso. Es más fácil nombrar a los que escaparon de la ametralladora del delator.

Todo eso explotó ayer, día en que Lula da Silva estaba por aceptar asumir el puesto de Secretario de Gobierno, con rango ministerial. Hasta bien avanzada la noche, no había más que rumores sobre una eventual marcha atrás del ex presidente o sobre su nombramiento.

Lo que sí se puede afirmar con seguridad es que cada paso ha sido minuciosamente negociado –eso, hasta la mañana de ayer, cuando se difundió el contenido, ahora oficial, de la ‘delación premiada’ del todavía senador Delcidio Amaral– entre emisarios de Lula y Dilma. El encuentro entre los dos sería la formalización de lo que desde hace más de una semana andan discutiendo.

Lula se vio en una encrucijada. Acosado por la saña mediática de un juez de provincias, que recién hizo su gran estreno en el gran escenario de la supuesta moralización nacional, bien al gusto de una clase media tan conservadora como ignorante de la real perspectiva de vida de las grandes (y siempre olvidadas minorías), Lula da Silva sufrió fuerte desgaste en su imagen pública. Aun así, permaneció como principal líder político nacional y fuertísimo candidato a las elecciones presidenciales del 2018.

Aceptar un ministerio, o puesto con rango similar, le aseguraría privilegios como el de solamente poder ser procesado y juzgado por el Supremo Tribunal Federal.

De esa manera estaría libre de la saña vengadora del candidato a justiciero e ídolo de los contingentes de opinión pública envenenados por la campaña brutal del trío golpista, es decir, grupos hegemónicos de comunicación –sectores de la Policía Federal– sectores de la fiscalía, todos bajo la sombra omnipresente del juez Sergio Moro, quien sufre grave crisis de hipertrofia del ego.

Al mismo tiempo, su imagen quedaría como la de alguien que, presionado por la Justicia, optó por acogerse a los beneficios de un puesto que lo saca de las garras implacables del cowboy de las leyes.

Por otra parte, aceptar un ministerio pero en condiciones de actuar como coordinador y articulador político –nombrar ministros, imponer cambios drásticos y urgentes en la política económica que Dilma propuso sin lograr implantar, es decir, regaló a la población las consecuencias de un ajuste al mejor estilo neoliberal sin siquiera resolver las causas– y crear, así, una rarísima especie de “neoparlamentarismo presidencialista”.

Léase: Dilma se conformaría a funcionar como jefa de Estado, con tal de no ser expelida por el golpe institucional ya armado en el Congreso, dejándole a Lula el encargo de gobernar.