El diputado José María Villalta (Frente Amplio), se propone presentar un proyecto de reforma a la Constitución Política para eliminar la inmunidad que protege a los miembros de los supremos poderes cuando existan en su contra acciones penales por delitos de corrupción.

La inmunidad para estos funcionarios está contenida en el artículo 110 de la Constitución, el cual establece que para juzgar a un diputado, un ministro o un magistrado, se le debe levantar la inmunidad para lo cual se requiere el voto de 38 diputados.

“El objetivo de la inmunidad es evitar que se utilicen las acusaciones y demandas injustificadas como un mecanismo para obstruir la labor de las y los integrantes de los supremos poderes. Se parte del principio de que quienes ostentan altos cargos dentro de la jerarquía del Estado solo deben someterse a procesos penales cuando existan indicios suficientes de que la causa por la comisión de un delito se encuentra bien fundamentada y no es un mero ardid para impedir que el funcionario o funcionaria desempeñe sus labores o un burdo caso de persecución política”, explicó Villalta.

Sin embargo, ese fuero especial tiene debilidades porque permite a fuerzas políticas mayoritarias utilizar la inmunidad como un escudo para impedir la investigación de cualquier hecho delictivo cometido por integrantes de esos supremos poderes, con lo cual “la inmunidad puede convertirse en impunidad”, señaló Villalta.

De acuerdo con Villalta, “la imposibilidad de investigar infracciones inmediatamente después de recibida una denuncia puede significar la diferencia entre una investigación exitosa y una truncada. El paso del tiempo, permite ocultar indicios y desaparecer pruebas, sobre todo si se ostenta una posición de poder”.

“Al permitirle continuar en el cargo (al acusado) a pesar de estar siendo investigado por casos de corrupción, la inmunidad le otorga vía libre para seguir utilizando su posición de poder, por ejemplo, con el fin de intimidar a subalternos y a otras personas que podrían aportar su testimonio al proceso.”

El diputado aseguró que diferentes estudios sitúan el monto del daño económico al país por hechos de corrupción en 330.000 millones de colones.

“Nuestra población exige mayor participación y mayor transparencia en manejo de los asuntos públicos. Cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia de los instrumentos de la rendición de cuentas. Y como nunca antes hay conciencia y preocupación por daño social que causa un fenómeno que amenaza con destruir nuestras instituciones: la corrupción”, enfatizó.

El diputado del Frente Amplio exhortó a los partidos políticos representados en el Parlamento a que respalden su iniciativa con el fin de enviar a la población una clara señal de su voluntad política para acabar con la impunidad.